El presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez, y su homólogo Enrique Bolaños, tendrán que demostrar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de qué forma se violaron sus derechos constitucionales con la aprobación de la Ley Orgánica de la Parlamento Nacional, informó ayer el magistrado judicial Francisco Rosales.
Rosales manifestó que si bien es cierto el recurso de amparo lo puede interponer cualquier ciudadano, éste debe demostrar de qué manera es agraviado.
“El amparo lo puede ejercer cualquier persona natural o jurídica y se recurre de amparo cuando uno considera que sus derechos constitucionales han sido violados”, expresó Rosales.
“Si él (Eduardo Gómez) recurre de amparo está en su pleno derecho de hacerlo, como le digo, cualquier ciudadano puede ejercer el amparo o el recurso por inconstitucionalidad. En el caso específico del amparo, tendrá que demostrar de qué forma lo agravia, pero evidentemente eso habrá que verlo cuando presente su recurso”, reiteró el magistrado de la CSJ.
Por su parte el diputado liberal Wilfredo Navarro criticó a los organismos como el Movimiento por Nicaragua y algunos especialistas constitucionales que han manifestado su oposición a la aprobación de algunos artículos de la Ley Orgánica, por considerar que éstos violentan los derechos constitucionales de la ciudadanía nicaragüense.
Navarro dijo que lamentaba que algunos renombrados catedráticos universitarios demostraran total desconocimiento del contenido de la ley, al referirse a las críticas desatadas, después de que los diputados de la Asamblea Nacional rechazaran el veto presidencial.
Sin embargo, la diputada de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Jamileth Bonilla, expresó que existen suficientes elementos de inconstitucionalidad en la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
Uno de esos artículos, según Bonilla, es el 52 en el que se obliga a cualquier ciudadano a comparecer ante los diputados y hasta acusar por desacato cuando éste no comparezca.
