La presencia de colonos en áreas protegidas de la Reserva Indio Maíz, representa una amenaza para el ecosistema. (LA PRENSA/ARCHIVO C. CORTEZ)

Desalojo de Samaria en enero

Autoridades aseguran que está listo todo el dinero, pero aún no legalizan tierras para la nueva ubicación [doap_box title=»Una nueva ubicación» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] El delegado departamental del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), José Luis Galeano, aseguró que los desalojados ya no serán asentados en Acoyada, como se dijo inicialmente, sino en territorio […]

  • Autoridades aseguran que está listo todo el dinero, pero aún no legalizan tierras para la nueva ubicación
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El delegado departamental del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), José Luis Galeano, aseguró que los desalojados ya no serán asentados en Acoyada, como se dijo inicialmente, sino en territorio riosanjuaneño.

El funcionario del Marena añadió que en las nuevas tierras, los reasentados recibirán apoyo del gobierno para construir sus nuevas casas.

Además se les proporcionará condiciones de vida como agua potable, letrinas, escuelas y caminos y además se les facilitará alimentación gratuita por seis meses, mientras comienzan a cosechar.

Temen a precaristas

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Miembros de la comunidad aceptaron salir por su propia voluntad

CORRESPONSAL/RÍO SAN JUAN

José Luis Galeano, delegado departamental del Marena, dijo que no pueden revelar la localización de las tierra en donde será fundada la Nueva Samaria, para que no se convierta en blanco de los precaristas que andan tomándose las tierras indiscriminadamente en diferentes puntos del país, sin que puedan ser controlados por las autoridades de una manera efectiva.

El anunciado “desalojo voluntario” de la comunidad de Samaria, asentada dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, en este departamento, no se hará en el mes de diciembre tal como estaba previsto por las autoridades del gobierno.

Esto se debe a que las tierras hacia donde serán trasladados aún no está legalizada, según informó el delegado departamental del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), José Luis Galeano.

“El traslado de las familias que están asentadas ilegalmente dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz no se podrá hacer en el presente mes, lo más probable es que se haga en enero, después que tomen posesión las nuevas autoridades nacionales, nosotros ya tenemos los recursos económicos y materiales listos, sólo falta concluir con la legalización de las tierras hacia donde serán trasladados”, aseguró el delegado departamental de Marena.

Galeano indicó que en Samaria viven actualmente 134 familias.

Esa cifra corresponde al último censo que realizaron las autoridades del Marena y la Alcaldía de El Castillo.

HAN PERMANECIDO AHÍ DESDE HACE 12 AÑOS

Las familias ocupan desde hace 12 años aproximadamente 2000 manzanas de tierra en la zona protegida por la ley.

En el sitio han desarrollado un pueblo con ganadería menor y cultivos.

La permanencia de estas familias en el lugar que ocupan había sido defendida por la Iglesia Católica a través del obispo Bernardo Hombach, quien durante varios años abogó porque la comunidad no fuera desalojada.

LOS CONVENCIERON TRAS NEGOCIACIÓN

El obispo Hombach les proporcionó ayuda material para ayudar a mejorar las condiciones de vida en el lugar.

Ahora, según el delegado del Marena, lograron convencer a través de negociaciones a los líderes de la comunidad que están en territorio prohibido, en donde la Ley no permite los asentamientos humanos.

Tras una prolongada negociación llegaron al acuerdo que saldrán por su propia voluntad sin tener que recurrir al desalojo forzoso.

COOPERANTES APOYAN INICIATIVA DE REUBICACIÓN

Para el desalojo voluntario el Marena cuenta ya con 250 mil dólares aportados por la cooperación internacional y serán administrados por la Iglesia Católica a través de Caritas, Juigalpa.

Esta institución se encargará de apoyar el operativo de traslado de las 134 familias.

Estas familias serán reubicadas en una finca en donde se les entregarán 20 manzanas a cada familia, una vez que esa finca sea legalizada por el gobierno.

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