- Más voces se suman a la necesidad de iniciar lo más pronto posible las reformas necesarias a las reglas del juego electoral
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El organismo cívico Ética y Transparencia demandó ayer una pronta reforma a la Ley Electoral vigente por considerar que establece un sistema deficiente.
El llamado fue hecho ayer por el presidente de esa organización, Pablo Ayón, quien anunció que próximamente presentará una propuesta de reforma en conjunto con otros organismos.
Ayón señaló que el CSE tiene problemas de grandes costos, los que se concentran a nivel superior. El directivo aseguró que “cada uno de los magistrados electorales tiene un séquito de gente con gastos sumamente altos que están dañando la integridad y los aspectos positivos del cuerpo electoral”.
Además llamó a las autoridades de este poder del Estado a que revelen los montos de los gastos en que incurren.
Cinco problemas
El informe final de EyT sobre las elecciones destaca que el país debe abordar seriamente 5 problemas estructurales que posee el diseño electoral nicaragüense, porque “con variable frecuencia y severidad ponen en peligro la debida culminación de las elecciones”.
Ayón advirtió que el primer problema que urge someter a revisión es el hecho de que Nicaragua tenga el gasto electoral per cápita más alto de Latinoamérica. Según el directivo, éste equivale al 40 por ciento del presupuesto de Educación y recalcó que este presupuesto se maneja de manera muy ineficiente.
En este sentido el director ejecutivo del órgano cívico, Roberto Courtney, reforzó la afirmación de Ayón diciendo que el costo electoral estatal por voto ascendió a 355 córdobas, el equivalente a 20 dólares.
El presidente de EyT añadió que “lo importante no es que el gasto sea alto, sino que un segmento del poder electoral absorbe indebidamente gran parte de éste, evitando que la parte inferior se refuerce económicamente y que los gastos totales se disminuyan a como debería ser”.
El informe de EyT advierte que no se puede contar siempre con altos índices de observación electoral que compensen los déficit de credibilidad y funcionalidad de un sistema partidizado y excluyente.
El financiamiento de los partidos políticos es otra área débil del sistema regulatorio electoral, según el informe, porque al no haber control sobre las formas de financiamiento, se pone en peligro la democracia, la soberanía y la legitimidad de las autoridades electas.
Otro aspecto urgente a reformar es la no reelección presidencial y la eliminación de la selección de diputados por plancha. También la ampliación del acceso al poder de las mujeres, así como de los grupos étnicos y sociales.
