El Presidente de Estados Unidos, George Bush, firmó la ley sobre tribunales militares que permite a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) detener e interrogar con medios “no tradicionales” a terroristas, para obtener de ellos información relevante que lleve a la prevención de otro ataque como el del 11 de septiembre del 2001. Esta ley también niega a los acusados por terrorismo el derecho al recurso de habeas corpus, por el cual un detenido puede ser liberado a través de un abogado si el Estado no presenta en su contra una acusación concreta —con pruebas o indicios que la respalden—, en un plazo específico. El Departamento de Estado ya notificó a las cortes federales que no tienen autoridad para oír demandas pendientes interpuestas por abogados de prisioneros en el campo penal de la Bahía de Guantánamo.
Los que se oponen a esta ley en Estados Unidos alegan que va contra la tradición norteamericana de absoluto respeto a los derechos individuales y que viola los Convenios de Ginebra relativos a los derechos de los prisioneros. Sin embargo, el presidente Bush ha defendido su posición argumentando que los terroristas no constituyen un ejército bajo la bandera de un gobierno legalmente constituido sino que son asesinos de mujeres, niños y ancianos inocentes y que, por lo tanto, no pueden ser tratados como soldados regulares en concordancia con las convenciones internacionales relativas al comportamiento de los ejércitos en tiempo de guerra. Efectivamente, la Cuarta Convención de Ginebra (1949) que incluyó el Convenio Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, dice (Arto. 2) que este Convenio “se aplica en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes”. Es evidente que los terroristas no encajan dentro de esta categoría. Además, un elemento común a la definición de “prisionero de guerra” en esta Convención es “que respete las leyes y las costumbres de la guerra”, algo que, desde luego, ignoran por completo los terroristas. En todo caso, la mencionada ley fue aprobada por el Congreso en el entendido de que las autoridades que la apliquen tendrán la suficiente prudencia y discernimiento para distinguir entre la presión necesaria para conseguir información y el abuso a la humanidad del prisionero.
Se dice que esta ley es un arma de doble filo, porque los soldados norteamericanos capturados en combate podrían ser tratados de la misma manera. Sin embargo, este razonamiento peca de ingenuo, ya que para los terroristas los derechos humanos no sólo de sus prisioneros sino también del resto del mundo valen un comino.
Por otro lado, el presidente Bush retó a sus críticos a que le mostraran una manera alternativa de obtener información de un prisionero terrorista sobre futuros atentados. El Presidente norteamericano firmó esta ley a sabiendas de que sus adversarios la utilizarían —junto al tema de la prolongada guerra en Irak— como parte de su campaña política de cara a las elecciones de noviembre y que probablemente le restaría popularidad. Sin embargo, como dijo Andrew Kohut, presidente de Pew Research Center for the People of the Press, una organización encuestadora: “Los demócratas tienen una ventaja sobre este asunto sin tener que decir mucho al respecto”. Y es verdad. Critican pero no ofrecen caminos alternativos para proteger a sus ciudadanos.
No es lo mismo luchar contra un enemigo visible, “que tiene las armas a la vista” y que “respeta las leyes y las costumbres de la guerra” que luchar contra terroristas que ocultan sus rostros detrás de máscaras y sus bombas en coches particulares. No es lo mismo disparar contra un ejército con capacidad de defenderse que estrellar aviones cargados de pasajeros contra edificios públicos. La ley firmada por el presidente Bush es problemática para la opinión pública pero bien empleada podría ser la única manera de salvar cientos de vidas.
En todo caso las autoridades de Estados Unidos deben garantizar que esa nueva ley no será una licencia para torturar a los prisioneros acusados por terrorismo. La tortura es una práctica propia de las dictaduras totalitarias —de izquierda o de derecha—, no de una democracia que se funda en los valores de la libertad, la dignidad y los derechos de la persona humana. Y por lo tanto la tortura es inadmisible inclusive para combatir al terrorismo.
