- Gobierno firma acuerdo de intercambio de información con agencias privadas, para enfrentar la delincuencia
El Ministerio de Seguridad en Costa Rica firmó un convenio que le permitirá contar con el apoyo en labores preventivas, de unos 16,000 agentes de seguridad privada, pese al rechazo de grupos sociales y algunos partidos de oposición.
El acuerdo es con 27 compañías que prestan servicios de vigilancia, pero también con 16 entidades bancarias y 10 empresas grandes que cuentan con vigilancia para sus camiones repartidores.
El ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, explicó el miércoles en rueda de prensa que la gran fuerza laboral privada colaborará con los 8,000 policías que hay en el país, en labores de intercambio de información sobre posibles sospechosos o delitos.
Crean frecuencia de radio nacional mixta
Para poder realizar ese intercambio se creará una frecuencia de radio nacional que dará posibilidad de una respuesta en un lapso de pocos minutos.
Berrocal destacó que la cláusula cuarta establece prohibiciones para los oficiales privados, como que no podrán hacer requisas personales, registro de vehículos o participar en allanamientos, retenes, desalojos y otros operativos que son monopolio del Estado.
“Esto no es la solución total, no se va a acabar la criminalidad, pero comenzamos a pelear en serio”, manifestó.
Además, dio garantías plenas de que las empresas que participan en la alianza estratégica se encuentran totalmente a derecho en cuanto a permisos de operación, el pago de la seguridad social y la capacitación de personal.
Niega “privatización de la seguridad”
El ministro salió al paso de las reacciones que el anuncio de este acuerdo provocó a finales de julio pasado, de parte de organizaciones sociales y partidos políticos de oposición que acusaron al gobierno de querer privatizar la seguridad pública, contraviniendo disposiciones constitucionales.
El ministro de Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que es importante destacar que este acuerdo “ se establece dentro del marco de la legalidad; sin que el Estado delegue competencias que no puede ceder”.
El acuerdo con las firmas privadas de seguridad provocó molestia en algunos sectores.
El secretario de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, expresó recientemente en un comunicado que el convenio traspasa potestades constitucionales y consideró que se pretendía incrementar, desde lo privado, un aparato represivo.
“ No es más (el acuerdo) que indicio de una especie de militarismo encubierto”, señaló.
La alianza es apoyada por la cúpula del sector privado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), que la considera como un paso importante para fortalecer la seguridad en el país.
“Los asaltos a bancos, locales comerciales y casas de habitación suceden cada día en mayor número y se irrespeta la propiedad pública y privada y proliferan actos de corrupción, pero lo más grave es la inseguridad personal, no sólo de nuestros ciudadanos sino de los turistas que nos visitan”, afirmó el presidente de UCCAEP, Rafael Carrillo.
Durante el acto, Berrocal prometió que durante los cuatro años del actual gobierno se incorporarán 4,000 nuevos miembros a la Fuerza Pública, y que el próximo año se incrementará el presupuesto de su Ministerio en 35 por ciento, porque la seguridad ciudadana “es una prioridad” del presidente Oscar Arias.
