La primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, pidió a los periodistas respeto para la institución policial de la que ella es ahora la máxima jefa, y dijo que no le deberían dar más crédito a las palabras de un delincuente que a las versiones de la misma Policía. Esa petición la hizo Granera el martes de esta semana, en Casa Presidencial, al ser ascendida al rango de Primera Comisionada antes de asumir su nuevo cargo como Directora General de la Policía Nacional; y se refería a las informaciones publicadas sobre el supuesto faltante de casi dos millones de dólares, de un cuantioso decomiso monetario que hicieron agentes policiales el 25 de agosto recién pasado, en el puesto fronterizo sur de Peñas Blancas.
Por otro lado, la primera comisionada Granera manifestó su disposición a mantener relaciones cordiales con los medios de comunicación, lo cual confirmó ayer mismo cuando como primera gestión en el ejercicio de su cargo, se presentó en el programa matutino de televisión Primera Plana, que LA PRENSA y el Canal 2 realizan conjuntamente.
En realidad, ni en relación con la gran cantidad de dólares decomisada el 25 de agosto pasado, ni en ningún otro caso, los periodistas y los medios han irrespetado a la Policía Nacional. Lo que se ha hecho es informar sobre lo que dijo el chofer del camión en el que se encontró la enorme suma de dinero decomisado, de que él escuchó a una de las personas que contaron los billetes que sumaban más de cuatro millones de dólares, pero el reporte policial fue de un poco más de dos millones.
Si la diferencia entre la suma de dinero encontrada y la cantidad reportada es una invención del chofer del camión en el que se encontró el supuesto cuerpo del delito de contrabando de dinero o narcotráfico, son la misma Policía y demás autoridades competentes las que deben aclararlo ante la ciudadanía. Esa es su obligación como cuerpo de seguridad pública, pero además es muy importante que lo aclaren para que la imagen de la institución policial no se vuelva a deteriorar como ha ocurrido en otros sonados casos que han estremecido a la opinión pública nacional.
Por cierto que el saliente Director General de la Policía Nacional, primer comisionado ahora en retiro Edwin Cordero, 10 días antes de entregar el cargo ofreció un reconocimiento institucional “a los periodistas que durante su administración brindaron cobertura a las actividades policiales”; y le dijo Cordero a los periodistas que “es verdad que nosotros nos molestábamos con algunos de los temas que ustedes abordaron, pero la verdad es que siempre tenían la razón” (LA PRENSA sábado 26 de agosto, 2006). El señor Cordero se refería, sin duda, a “los trabajos publicados por LA PRENSA en múltiples ocasiones (que) causaron la reacción de la jefatura policial, entre los que sobresalen una serie de reportajes sobre la supuesta corrupción de jefes policiales en la Región Autónoma del Atlántico Sur, la confirmación del pago con drogas a los informantes y los casos de supuestas “coimas”, en los que se vinculaban a algunos oficiales de la Policía de Managua, entre otros”, tal como se consignó en la misma información de LA PRENSA arriba citada.
Es encomiable la entereza que demostró el primer comisionado en retiro, Edwin Cordero, al hacer ese reconocimiento público al profesionalismo de los periodistas y de los medios de comunicación social. En realidad, los medios y los periodistas no irrespetan a la Policía Nacional cuando informan sobre hechos y denuncias que afectan la imagen de esa institución. Lo que hacen los periodistas y los medios en esos casos es cumplir con su deber de informar y de asegurar el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a ser informada.
Según nuestra opinión, es del máximo interés público y por lo tanto de los medios de comunicación social, que la Policía Nacional sea respetada. Pero ese respeto depende de la misma Policía Nacional, o mejor dicho, del comportamiento correcto de sus miembros que están en contacto diario con los ciudadanos; y ante todo depende de la conducta ética de los mandos policiales, que son los que responden por la seguridad pública, la tranquilidad social y el respeto a los derechos de las personas.
