- Forman parte de la barra del equipo de futbol de Honduras, que el 24 de agosto protagonizaron un escándalo
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CORRESPONSAL / CARAZO
Jorge Luis Morales Ponce, Juez Suplente de Audiencia Penal de Diriamba, resolvió ayer en la audiencia inicial realizada a los hondureños Johnny Reyes, Alberto Martínez y René Martínez Alvarado, fijar juicio oral y público para el 27 de octubre.
Los extranjeros son acusados por la Fiscalía como presuntos coautores de los delitos de uso ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado de Nicaragua, exposición de personas al peligro en perjuicio de Víctor Manuel Ortiz Gutiérrez de 16 años y Manuel de Jesús Mendieta de 41, y la seguridad ciudadana en general.
La noche del jueves 24 de agosto pasado, al finalizar el juego de futbol entre los Caciques del Diriangén y el Olimpia de Honduras, se originó una trifulca que dejó como resultado varios lesionados.
En esta ocasión el ofendido Manuel de Jesús Mendieta, de oficio albañil, se presentó a la audiencia con su abogado para impulsar acusación formal contra los tres detenidos, por haberle disparado, poniendo en peligro de muerte su vida.
Según el abogado acusador Silvio Antonio Marcia Díaz, su defendido presenta afectaciones en la vena carótida y esto a la vez le provoca problemas para hablar, luego que recibió el disparo en el cuello. La bala salió del revólver calibre 22, serie 207729-Cora BRNA, de ocho tiros que andaban los tres hondureños y que fue ocupada por la Policía.
DEFENSA CUESTIONÓ A JUEZ
La defensa, a cargo de Belinda Guevara y Hazzel Martínez, usó como principal argumento que los acusados están detenidos ilegalmente porque asistieron a la audiencia preliminar sin abogado defensor, pero además que la Fiscalía había presentado la acusación fuera de tiempo violando las 48 horas que da la ley.
Alegaron además que el Juez de Distrito de Audiencias, Johnny Andino, no era el competente para conocer el caso en la audiencia preliminar, porque la acusación carecía de detalles sobre la magnitud de las lesiones, por lo que solicitaron no a lugar a la acusación.
La defensora pública Hazzel Martínez pidió como medida cautelar libertad para los detenidos y dejarlos bajo la fianza de Nira Lizeth Rodríguez, con domicilio en Managua y retención migratoria para garantizar la presencia de los tres acusados en el juicio.
Las abogadas de los acusados dijeron que la Policía les cortó el derecho a los detenidos de comunicarse con sus familiares, de hacerse el aseo personal y recibir visitas.
