CORRESPONSAL/ COSTA RICA
El Gobierno de Óscar Arias fracasó en su intento por ampliar en 17 meses el período transitorio de la nueva Ley de Migración y Extranjería, antes de que entre en vigencia este sábado 12 de agosto. Esta legislación perjudicará a miles de nicaragüenses indocumentados, según fuentes extraoficiales, porque ofrece cárcel y multas económicas a quien dé empleo, albergue y encubra a un extranjero ilegal.
Según el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), en Costa Rica existen unos 130 mil nicaragüenses ilegales que serán afectados por la aplicación de esta ley.
Cenderos dice que ellos están desprotegidos porque no cumplen con los requisitos para optar a una cédula de residencia, y la obtención del permiso laboral cada vez más se les complica.
“Hay que buscar la unidad de la comunidad para crear una propuesta que beneficie a la mayor cantidad de nicaragüenses. Que a las familias asentadas se les ayude a regularizar su situación migratoria”, propuso Adilia Solís, directora de Cenderos.
Aunque siempre hubo los votos necesarios en el Congreso para aprobar una enmienda que permitiría ampliar hasta diciembre 2007 su aplicación, los diputados no tuvieron el tiempo necesario porque el Gobierno presentó la iniciativa hasta hace casi dos semanas, cuando inició el período de sesiones extraordinarias.
LA ENMIENDA
La enmienda también buscaba dar el tiempo necesario para plantear reformas a algunos artículos que rozan con los derechos humanos y, a la vez, buscar cerca de 14 millones de dólares para dotar de mayores recursos a Migración y Extranjería, ya que carece de infraestructura, policías y tecnología.
“Nadie está obligado a (cumplir) lo imposible”, dijo ayer el Ministro de Seguridad Fernando Berrocal, al consultarle cómo se aplicará esta ley, pero explicó que se ejecutará con los recursos de que Migración dispone.
Berrocal, acompañado de su viceministra de Gobernación, Ana Durán y del director de Migración y Extranjería, Mario Zamora; visitaron ayer a los jefes de fracción del parlamento para buscar una salida política al problema.
“Tenemos que encontrar un acuerdo nacional, un consenso y me parece que hay una gran disposición de todas las fracciones”, dijo el Ministro al salir del encuentro con los jefes de fracción, quien además propuso como alternativa derogar en su totalidad, antes del sábado, esta legislación.
PROPUESTA DE PLAZOS
“Habíamos propuesto que se pospusiera la entrada en vigencia. Que nos dieran un plazo para reformar la ley, un plazo que se puede discutir. Pueden ser seis meses, un año, no sé; y que paralelamente se nos dé recursos en un presupuesto extraordinario para preparar a la Dirección de Migración. Hay un consenso con eso, pero parece que no hay plazo de aquí al sábado”, añadió.
Por su parte, la jefa de fracción del Movimiento Libertario, Evita Arguedas, dijo que el país no puede paralizarse por esta ley y añadió estar anuente a buscar solución junto al Gobierno, una vez que entre en vigencia.
CUMPLIR LA LEY
“El país no puede dejar de cumplir una ley que entra en vigencia el 12 de agosto, pero la realidad es que no se puede aplicar (a cabalidad) porque no están los recursos necesarios. Creo que lo importante es que hay un consenso entre los jefes de fracción sobre cómo podríamos avalar, con la viabilidad política y de procedimiento, para que esta prórroga se haga una realidad y ver de qué forma se puede trabajar una modificación”, explicó.
“Creo que la tarea la tiene la bancada oficialista, de convocar a los jefes de fracción para llegar a un acuerdo de interés nacional. No es bueno ver sólo el problema, sino ver la solución”, añadió.
