El narcotráfico opera a gran escala en Guatemala y los ajustes de cuenta mafiosos son comunes. (la prensa/archivo)

Guatemala pasa ley contra el crimen organizado

Fiscalía podrá intervenir teléfonos, infiltrar agentes y hacer entregas controladas de drogas para operar [doap_box title=»Denuncias contra la Policía» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Unos 939 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fueron denunciados por delitos que van desde corrupción hasta secuestros durante el primer semestre del 2006, un incremento del 20 por ciento con […]

  • Fiscalía podrá intervenir teléfonos, infiltrar agentes y hacer entregas controladas de drogas para operar
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Unos 939 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fueron denunciados por delitos que van desde corrupción hasta secuestros durante el primer semestre del 2006, un incremento del 20 por ciento con respecto al año anterior, informó una fuente de la institución.

“En las denuncias se señala a los agentes de haber cometido diferentes delitos que van desde robos hasta secuestros, extorsiones y delitos de corrupción, entre otros”, sostuvo el martes en rueda de prensa el Inspector General de la PNC, Víctor Rosales.

En el primer semestre del 2005, las autoridades de la PNC recibieron 782 denuncias contra sus agentes, por lo que las cifras de este año representan un incremento del 20 por ciento.

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Castigarán hasta con 50 años de prisión a narcotraficantes

El Congreso unicameral aprobó una ley que permitirá a la Fiscalía intervenir teléfonos, usar agentes encubiertos y hacer entregas controladas de droga.

“La normativa fue aprobada la noche del miércoles, luego que los partidarios lograron 107 votos de 158 diputados, como lo establece la ley”, precisó el presidente de la comisión de Gobernación (Interior) en el Congreso, el oficialista Waldemar Barillas.

“Además tipificamos el delito de exacción intimidatoria u obstrucción y extorsión de tránsito que no es más que el impuesto que cobran las pandillas, dijo ayer Barillas a la AP.

Las pandillas juveniles, conocidas como maras, suelen cobrar extorsiones a dueños de comercios o a conductores de autobuses. Quienes se rehúsan a pagar el impuesto, son asesinados por los pandilleros.

El Ministro de Gobernación, Carlos Vielman, dijo que “ es un buen punto de partida para fortalecer el combate al crimen organizado… ya teníamos dos años de estar diciendo que era algo realmente urgente”.

La ley fue declarada de “urgencia nacional” el miércoles por la noche con el voto de los 107 diputados presentes en el Congreso, conformado por 158 escaños.

Luego la aprobación de los artículos de esa ley se hizo con 84 votos debido a que algunas bancadas no estaban de acuerdo con la totalidad de la legislación por considerar que deja muchas libertades a la Fiscalía.

Entre estas libertades está la de no requerir autorización de un juez para las escuchas telefónicas, entregas de droga y agentes encubiertos.

“Sólo cedimos en que la intervención de teléfonos quede sujeta a una orden de juez, pero no podíamos poner en riesgo la vida de los agentes secretos al pedir una orden judicial que pasa por muchas manos antes de que se apruebe”, explicó Barillas.

Además crearon la figura legal del delito de la conspiración para cometer delitos.

La aprobación de dicha ley había sido solicitada por la embajada estadounidense en Guatemala como una herramienta para combatir mejor a las bandas de narcotraficantes.

Guatemala es uno de los principales puntos de paso de la cocaína que viaja de Sudamérica hacia Estados Unidos.

Según datos de la embajada estadounidense en el país, cerca del 75 por ciento de la droga que llega a los consumidores norteamericanos pasa por Guatemala en algún momento de su recorrido.

La nueva ley ya había sido aprobada por el Congreso el pasado 30 de marzo, pero entre sus artículos redujo las penas de cárcel a la mitad, en una serie de delitos considerados de alto impacto.

Ante ello, el mismo Congreso pidió al presidente Oscar Berger vetar la ley, lo cual hizo una semana después. Con la nueva normativa, ahora las penas por pertenecer a grupos de narcotráfico pueden llegar a la pena máxima, 50 años de prisión.

De acuerdo con la nueva ley, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía podrán intervenir llamadas telefónicas de sospechosos de pertenecer al crimen organizado, previa autorización de un juez competente, así como infiltrar agentes encubiertos en las bandas.

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