El anteproyecto de la nueva Ley de Zonas Francas, que el Gobierno mandará en las próximas semanas al Parlamento, incluye por lo menos cinco cambios en la legislación que hoy día rige a la industria.
El consultor internacional Martín Gustavo Ibarra señaló a LA PRENSA que el proyecto por primera vez contempla contratos que garantizan a los inversionistas estabilidad jurídica.
“Pues asegura que las condiciones (de tipo laboral, jurídico, y comercial) que actualmente están establecidas para las empresas se mantengan hasta por 20 años, lo que generará más confianza en el país”, comentó.
Otro de los cambios es que extiende el régimen especial fiscal a los negocios de servicios y logística.
Allí caben los centros de llamadas telefónica, las empresas que fortalecen la infraestructura de los parques industriales, así como los proveedores de máquinas o equipos, entre otros.
La nueva Ley además crea usuarios inversionistas. Es decir terceros que puedan dedicarse a la edificación de la infraestructura para luego arrendarla a las empresas. “Y esto sin duda alguna desarrollará al sector”, auguró Ibarra.
También establece vínculos entre las maquilas y los negocios locales, hecho que significará, para estos últimos, poder suministrarles materia prima o materiales de construcción.
Otra de las novedades es que define sanciones cuando las empresas dañen la imagen del país, violen las leyes locales, y el régimen que las representa.
“Las multas van entre los 5 mil y 15 mil dólares, pero cuando las infracciones sean reiteradas implicará la expulsión del sistema”, aclaró el consultor.
La Corporación de Zonas Francas (CZF) prevé remitir en dos semanas el proyecto de la nueva Ley al Presidente de la República, Enrique Bolaños, quien luego deberá enviarla a la cancha parlamentaria.
