Madereros pretenden demandar al Estado

Representantes de la Asociación de Madereros Industriales y Exportadores de Nicaragua, informaron ayer que no descartan entablar una demanda en contra del Estado de Nicaragua, por la imposición de la Emergencia Económica que el Poder Ejecutivo no envió a la primera secretaría del parlamento.

Hernando Escobar, miembro de la organización que aglutina a unas 60 empresas madereras, explicó que al no ser aprobado, reformado o rechazado el Decreto de Estado de Emergencia Económica, podrían demandar al Estado y pedir una indemnización.

“Estamos viendo los daños que nos está causando este decreto presidencial, por lo cual el gremio está viendo las posibilidades (de demandar)”, advirtió.

“Primero es el estudio cuantificado del daño económico que se nos está ocasionando”, explicó.

Escobar dijo que acudirán ante los tribunales, para ampararse.

“Para nosotros es inconstitucional el decreto, porque la Asamblea ni lo ratifica ni lo ha negado, debido a eso nos estamos amparando ante las instituciones del Ejército, la Policía Nacional, el Inafor (Instituto Nacional Forestal) y otros entes, para que dejen de aplicar el Estado de Emergencia”, señaló Escobar.

Un millón en impuestos

El vicepresidente de la Cámara Forestal, Salvador Mayorga, sostuvo que existen 25 mil personas sin laborar pero reciben su salario, debido a la implementación del Estado de Emergencia.

Escobar asegura que cada empresa ha perdido aproximadamente cien metros cúbicos de madera desde que el gobierno impuso el Estado de Emergencia Económica, además de que tienen maquinaria paralizada.

Mayorga dijo que los empresarios forestales pagaron un millón de dólares en impuestos al Estado, para efectuar la explotación de madera, pero al final sus derechos fueron suspendidos.

“Sí, puede ser, creo que sería natural que las empresas que han sido más afectadas, y una vez confirmado que no se actuó dentro de un marco de legalidad, que tomen todas las medidas para resarcirse de todos los daños que les han sido causados”, dijo Mayorga al contemplar la posibilidad de una demanda.

El presidente Enrique Bolaños decretó el Estado de Emergencia Económica el pasado tres de mayo, en la costa Caribe, Nueva Segovia y Río San Juan, para poner fin al despale indiscriminado en esos territorios.

El seis de mayo, el Poder Ejecutivo introdujo el decreto ante la presidencia del parlamento, pero los diputados lo desconocieron bajo el argumento de que la decisión gubernamental no fue presentada ante la primera secretaría.

Empresas multadas

Mayorga sostiene que algunas empresas madereras ya han sido multadas por casas comerciales del exterior, por incumplimiento de contrato.

“Los contratos comerciales son instrumentos muy serios y hay empresas que han sido multadas, las cuales después de cierto número de días empiezan a pagar día por día una multa”, dijo Mayorga.

“En vez de golpear al sector ilegal, lo que se está haciendo es acabar con la industria forestal nacional”, agregó Mayorga.

no descarta sanciones

El tercer vicepresidente de la directiva parlamentaria, Orlando Tardencilla, no descartó que algunos funcionarios públicos se vean afectados, al considerar que se aplica ilegalmente el Decreto de Estado de Emergencia Económica y, tomando en cuenta el artículo 131 de la Constitución, relacionado con los perjuicios causados a particulares.

“Responden con ellos, con sus bienes y con sus cargos; en resumen, ministros, viceministros, directores de entes autónomos, directores de áreas específicas de algunos ministerios, si aplicaron algunos decretos de emergencia nulos, perfectamente pueden ser destituidos e incluso pueden ser llamados a responder patrimonialmente por los daños en que pudieron haber incurrido algunos afectados por la aplicación del decreto”, afirmó Tardencilla.

Sin embargo, los diputados se resisten a discutir en lo particular la Ley de Veda Forestal, con que el Estado podría controlar la depredación indiscriminada de los recursos naturales.