Emergencia divide a Ejecutivo y AN

Mientras los diputados de la Asamblea Nacional siguieron ayer sin sesionar, el decreto de estado de emergencia económica, firmado el 3 de mayo, puso frente a frente una vez más a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Poder Legislativo acusó al Ejecutivo de no enviar a la primera secretaría el decreto firmado el 3 de mayo y de implementar ilegalmente el estado de emergencia económica en el Caribe.

“Mientras no haya sido presentado, porque ellos tienen la obligación de presentarlo a la Asamblea, técnica y jurídicamente no lo presentaron, por tanto todo lo que está haciendo el Gobierno es ilegal”, aseguró ayer el diputado liberal Wilfredo Navarro.

No obstante, el Ejecutivo afirmó que el 6 de mayo remitió al parlamento el decreto.

El vocero de la Presidencia, Lindolfo Monjarretz, señaló que cumplieron con el artículo 150 de la Constitución, en su numeral nueve, que ordena enviar los decretos a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a las 72 horas, luego de ser firmado.

El decreto se encuentra en la presidencia del parlamento, sin embargo Eduardo Gómez está fuera del país, realizándose exámenes médicos, lo que deja en suspenso el futuro del decreto en la Asamblea Nacional.

Los diputados liberales, a través de un comunicado, criticaron al Ejecutivo con base en el artículo 141 de la Constitución, que indica que toda iniciativa deberá ser presentada ante la secretaría del parlamento.

Madereros reclaman

Por otro lado, la Asociación de Madereros Exportadores e Industriales de Nicaragua, integrada por unas sesenta empresas, demandaron ayer a los diputados rechazar el decreto de emergencia económica, argumentando que han perdido más de veinte millones de dólares, a pesar de pagar impuestos y cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Forestal.

Los empresarios dijeron representar a aproximadamente a veinte mil empleados y agregaron que el decreto los afectó justo en la denominada zafra maderera.

Sin embargo, Monjarretz señaló que el decreto debe prevalecer para proteger los recursos forestales e hídricos.