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Los inmigrantes hispanos buscan mantener la presión ante el Congreso estadounidense para lograr la legalización de millones de indocumentados, alentados por marchas que convocaron a más de un millón de personas y un boicot que no llegó a paralizar el país pero perturbó muchas actividades.
Al día siguiente de la huelga convocada el 1 de mayo bajo la consigna «Un día sin inmigrantes», que terminó en masivas manifestaciones -sobre todo en Los Angeles y Chicago-, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, anunció la reanudación del debate migratorio «dentro de unas dos semanas».
REFORMA ESTANCADA
Frist precisó que el proyecto de ley que consideraría el Senado «sacaría de las sombras» a la mayoría de los 12 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos, la mayoría de origen hispano, pero sin otorgarles una «amnistía», una perspectiva que espanta a los republicanos más conservadores.
«Muchos de nuestros Estados y una gran parte de la economía dependen ampliamente de los inmigrantes ilegales», admitió Frist tras el boicot que llamó a inmigrantes a faltar al trabajo y la escuela y a abstenerse de comprar y vender, que fue respetado parcialmente pero logró perturbar la vida cotidiana en muchas ciudades del país.
«Lo que vimos es que la comunidad sigue un poco frustrada porque la reforma migratoria está estancada en el Congreso», dijo a la AFP Gabriela Lemus, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
«Tenemos que subir el volumen en términos de salir a votar, de registrarse para votar, y a llamar a las oficinas de los congresistas y senadores con nuestras opiniones», añadió.
Louis Disipio, profesor de estudios chicanos en la Universidad de California en Irvine, precisó que el reclamo por los derechos de los inmigrantes «es el movimiento social que ha emergido más rápido en los últimos 100 años en Estados Unidos».
«Lo mejor de lo que pasó ayer es que hubo cierto apoyo -aunque no consistente- de los empleadores, que cerraron sus negocios o permitieron a la gente tomarse el día», estimó.
NEGOCIOS CERRADOS
Compañías procesadoras de carne como Tyson Foods y Cargill cerraron varias de sus plantas en el medio oeste y el oeste del país, que emplean a más de 20 mil personas. Goya Foods, la mayor compañía de productos alimenticios hispanos, suspendió su distribución. McDonald's redujo su personal en varios restaurantes y autorizó a empleados a faltar al trabajo.
El impacto en algunos distritos escolares de Chicago y Los Angeles, donde decenas de miles de alumnos faltaron a clase, también fue significativo.
Disipio sugirió «construir coaliciones con más grupos de la sociedad estadounidense» para que el movimiento incluya no sólo a inmigrantes hispanos y sus familiares sino a asiáticos, a latinos nacidos en Estados Unidos y a la clase media blanca estadounidense.
El boicot y las marchas «mostraron ciertamente que los inmigrantes desempeñan un papel importante en la economía y da una señal a ambas cámaras del Congreso de que necesitan responder y aprobar una reforma migratoria amplia», dijo por su lado Michelle Waslin, del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la mayor coalición de organizaciones hispanas del país.
«Vamos a ver mucho más énfasis en registro de votantes, en movilización de votantes, y esta comunidad tendrá un impacto mucho mayor en las elecciones (legislativas) de noviembre», confió.
No obstante, los próximos pasos en el Congreso se anuncian complicados.
Aún si el Senado aprueba el acuerdo bipartidista que legalizaría a muchos de los extranjeros sin papeles, éste deberá ser conciliado con el draconiano proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, que torna a los indocumentados en criminales y prevé la construcción de un muro de más de mil km en la frontera con México.
Según el representante Tom Tancredo, que defiende varios proyectos considerados anti-inmigrantes, los movimientos de protesta sólo refuerzan el rechazo de la opinión pública estadounidense a los indocumentados.
«Espero que el movimiento continúe», ironizó.
