- De Villepin insiste en no retirar reforma laboral
Los sindicatos y estudiantes franceses convocaron el miércoles una nueva jornada de movilización, el 4 de abril, contra la reforma laboral para jóvenes y aumentaron la presión sobre el presidente Jacques Chirac para que tome cartas en el asunto y obligue al primer ministro a ceder en la disputa.
Al día siguiente de unas manifestaciones con entre uno y tres millones de personas, las más imponentes de los últimos 20 años en Francia, el primer ministro, Dominique de Villepin, cada vez más aislado, reafirmó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que no retirará el Contrato de Primer Empleo (CPE).
Paralelamente, visto el éxito del martes, los sindicatos no dudaron en convocar a una quinta jornada de protesta, con nuevas manifestaciones y huelgas, que se convertirá en otro “martes negro” en toda Francia.
Como salida al conflicto, las centrales obreras pidieron al jefe del Estado que “utilice sus prerrogativas para que el CPE sea retirado”.
Chirac hizo saber que, “en los próximos días”, hablará sobre el CPE, un contrato que, según el Gobierno, pretende paliar el alto desempleo entre los menores de 26 años (un 23 por ciento), pero que para los sindicatos sólo aumentará la precariedad laboral, pues prevé el despido sin justificación durante dos años.
La toma de posición presidencial podría producirse después del jueves, día en que el Consejo Constitucional, la máxima instancia institucional francesa, tiene previsto pronunciarse sobre la validez de la denominada “Ley sobre la igualdad de oportunidades” que instituye el CPE.
La entrada en escena de la máxima instancia institucional francesa representa una nueva etapa clave de una crisis que ya dura ocho semanas y que, de esta forma, se extenderá del terreno social al político.
Como prueba de la fuerte tensión que vive, el primer ministro Villepin cometió un lapsus ante la Asamblea Nacional al hablar de “dimisión” en lugar de “decisión” del Consejo Constitucional.
Si el Consejo determina que el CPE se ajusta a la Carta Magna francesa, la decisión quedará en manos del Presidente de la República, que dispondrá de 15 días para promulgar la ley o pedir al Parlamento una nueva deliberación, regla utilizada en muy raras ocasiones.
