Tras una jornada de protestas, en medio de la tensión y gracias a una asombrosa ventaja mínima, Violeta Menjívar fue declarada ganadora de la elección a la Alcaldía de San Salvador.
La diputada, ex guerrillera y candidata del FMLN será la primera mujer en dirigir la capital salvadoreña desde su fundación en la época colonial, un aspecto que es en sí muy positivo.
Sin embargo, es preocupante que el anuncio de su triunfo haya estado rodeado de sospechas de fraude y protestas que tomaron un cariz violento.
Como sucedió en Honduras en noviembre pasado, el origen del problema es simple: la politización de las instituciones y la consiguiente falta de confianza en ellas y sus funcionarios.
Por otro lado, es triste que situaciones como ésta pueden llevar con facilidad a la violencia.
Debe admitirse que las circunstancias eran difíciles porque los conteos desde el domingo mismo de la votación, arrojaban una lucha cerrada. Las encuestas previas no eran categóricas en cuanto a un ganador.
Por momentos Menjívar adelantaba por una nariz a su contrincante, Rodrigo Samayoa, de Arena, y por momentos, éste la aventajaba.
Al final, han sido solamente 44 votos de ventaja los que aseguraron la victoria de la candidata. Arena había impugnado algunos votos y mesas y pidió un recuento, según leemos en la prensa salvadoreña.
El conteo pudo haber seguido, pero matemáticamente era imposible que Samayoa revirtiese la tendencia.
El retraso condujo a que la dirigencia del FMLN denunciara a gritos que la derechista Arena —en el gobierno— preparaba un fraude. En el tradicional estilo de la izquierda, ordenaron la movilización de la militancia para “defender” la conquista de la capital.
San Salvador es el trofeo local más codiciado de la política salvadoreña, como Managua lo es en Nicaragua.
En Centroamérica, los órganos electorales no están libres de fuertes influencias políticas — aunque el caso costarricense es bastante diferente—; El Salvador no es la excepción.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, es una persona vinculada al partido oficialista Arena. Dos de los magistrados tienen vínculos con el FMLN.
Volvemos a ver claramente que la partidización de los poderes electorales crea desconfianza y dudas sobre la honestidad de los comicios.
Si bien la OEA avaló las elecciones como libres y en las que se expresó la voluntad popular, no existirían reclamos y sospechas si los tribunales electorales se compusiesen de funcionarios apolíticos, honestos, y que gozan de prestigio social.
Si ése fuese el caso, nadie cuestionaría ni las acciones del tribunal, sus anuncios o cualquier decisión. No importaría que un resultado fuese muy estrecho.
En noviembre y diciembre pasado, fuimos testigos de un bochornoso espectáculo político en Honduras tras las elecciones presidenciales.
El candidato del oficialista Partido Nacional y ex presidente del Congreso, Porfirio Lobo, se negó durante dos semanas a reconocer su derrota en las presidenciales ante su rival del Partido Liberal, Manuel Zelaya, hoy Presidente del país vecino.
Los nacionalistas alegaron irregularidades, amenazaron con acciones violentas. El resultado fue muy cerrado, con una ventaja para Zelaya de apenas unos miles de votos.
Afortunadamente, no hubo incidentes graves pese a la tensión.
Indudablemente, una de las causas de la situación era el hecho de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Aristides Mejía, era un allegado al Partido Liberal.
“Gato no come gato”. “El que las usa se las imagina”. Nacionalistas y liberales se han alternado en el poder por más de un siglo en Honduras y la historia política abunda en marrullas y trucos deshonestos.
En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones suspendió el conteo electrónico y decidió uno manual para dilucidar quién era el futuro presidente. Ganó Oscar Arias.
El proceso tomó unas dos semanas. Aunque Ottón Solís y su Partido Acción Ciudadana alegaron irregularidades, la mayoría de las fuerzas políticas expresaron confianza en el TSE y todos, incluyendo Solís, reconocieron el resultado.
Ya lo expresé una vez en este espacio y, ahora, creo que vuelvo a tener razón: en Centroamérica experimentamos una regresión democrática.
Hemos avanzado considerablemente desde los años de la guerra y de los Acuerdos de Esquipulas II (1987), pues hay elecciones regulares, democracia y libertades civiles.
Sin embargo, en la política se resisten a morir viejos vicios y prácticas que constituyen barreras al progreso.
Instituciones saludables y credibles, como tribunales electorales apartidistas que trasciendan mezquinos intereses de grupos, son un requisito para tener un Estado moderno.
Por esto, es lamentable que veamos la tendencia a cuestionarlos en disputados comicios, dada la persistente desconfianza que nos inspiran los nexos políticos de sus magistrados.
