Corresponsal/ Nueva Segovia
El ex alcalde sandinista de Jalapa, Omar Vílchez González, fue declarado culpable del delito de infidelidad en la custodia de documentos, por sustraer la escritura de la finca La Jungla, que al parecer no existe, según se conoció en el juicio cuyo acusador es el alcalde sandinista Humberto Pérez Largaespada.
En la acusación a cargo del fiscal Juan Carlos Silva, éste presentó como prueba un vídeo, ante el Juez Único Local Sergio Granja.
En el vídeo se señala la culpabilidad de Vílchez en la sustracción de la escritura de la finca La Jungla, de unas 40 manzanas de tierra, que fue comprada por la municipalidad en 12 mil dólares donados por el Fondo Catalán (donantes españoles) para un parque ecológico o reserva natural.
Aunque no fue la motivación del juicio, algunas personas de la localidad aseguraban que la compra de la finca fue un caso tramado por Vílchez y el actual alcalde sandinista Humberto Pérez Largaespada, para obtener fondos y financiar la campaña electoral de noviembre del 2004.
Según las investigaciones sobre estos ciudadanos, la escritura fue extendida por un abogado cercano a uno de los alcaldes y firmada por el presunto dueño, José Galindo, conocido como testaferro de Pérez Largaespada. La finca presuntamente era propiedad de una cooperativa.
La alcaldía a cargo de Vílchez González, entregó a Galindo (a cambio de la propiedad), dos cheques: el primero de nueve mil dólares y el segundo de dos mil dólares. Galindo los endosó y entregó a Pérez Largaespada para que los cambiara.
Comprobantes no aparecen
“Lo raro de todo esto es que los comprobantes de estos cheques ahora no aparecen en la denuncia, así como no aparece el cheque de los casi medio millón de córdobas del organismo APDEL destinados a la construcción de la terminal de buses y que Vílchez entregó a Pérez sin justificación alguna”, dijo un ciudadano sandinista que lamenta “el daño que están ocasionando al partido (FSLN)”.
El contralor sandinista Luis Ángel Montenegro, dijo recientemente que existe la compra de una propiedad de 40 manzanas con una escritura que aparentemente no tiene la debida legalidad “y que da la impresión de que no tiene antecedentes registrales, y los linderos no existen”.
“En apariencia hay un acto irregular y se presume que hubo malos manejos”, expresó Montenegro.
“La propiedad no existe y lo sorprendente es que Humberto llevó a los españoles a una finca y les dijo que esa era la finca que habían comprado, cuando en realidad la finca no existe”, aseguró por su parte Vílchez, tras añadir que se simuló la compra de la finca para utilizar el dinero en la campaña electoral del actual alcalde”.
Asegura que es una trama
Vílchez declaró durante el juicio, que todo es parte de “una trama de Humberto Pérez Largaespada contra su persona, que inició hace muchos años y que tiene que ver con aspiraciones políticas y hasta personales, que se convierten en la verdadera motivación de este juicio y de muchos otros que continuarán.
El contralor Montealegre explicó que en estos hechos dolosos tendrán que rendir cuenta ambos. La entidad fiscalizadora está realizando una auditoría en la alcaldía de Jalapa y preliminarmente ha determinado un daño de más de 1.7 millones de córdobas.
Momentos de tensión
El juicio iniciado más tarde de lo previsto el jueves pasado, se efectuó en un ambiente tenso. Mientras en el interior del edificio judicial las partes trataban de demostrar inocencia o culpabilidad, en el exterior, policías antimotines cerraron el tránsito vehicular y peatonal en una cuadra a la redonda.
En los extremos sur y norte del juzgado, grupos de simpatizantes tanto del alcalde actual como del anterior, con pancartas y mantas gritaban y hasta proferían ofensas, en respaldo o en contra de cada uno de los involucrados.
Aunque el juicio culminó a eso de las cinco de la tarde, las tensiones continuaron hasta las nueve de la noche, a la espera de la sentencia emitida por el juez.
El Juez Local Único impuso una multa de 100 córdobas y dictó culpabilidad en contra de Omar Vílchez González, para el cual el fiscal auxiliar pidió seis meses de prisión, y la defensa alegó la pena mínima de tres meses.
“Soy inocente”
Después de un amplio alegato entre la defensa —que dicho sea de paso aceptó el desorden en el manejo de los fondos de la comuna— y la Fiscalía, el Juez Local Único de Jalapa consideró que no existían las pruebas suficientes de que el ex alcalde haya sustraído los cheques en mención y que por lo tanto no tenía mérito la acusación.
