- El 15 de marzo será la inauguración oficial de la “estancia migratoria” más grande de América Latina
corresponsal/ CHIAPAS
Bajo un estricto dispositivo de seguridad, el Gobierno de México puso en operación la cárcel migratoria de Chiapas, la más grande de América Latina, en donde serán detenidos centenares de inmigrantes indocumentados que llegan a territorio mexicano, en su intento por llegar a Estados Unidos.
El vocero del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Hermenegildo Castro, confirmó el inicio de actividades en este centro y explicó que tuvo un costo superior a los 82 millones 680 mil pesos mexicanos (poco más de 10 millones de dólares), cuya inauguración oficial será el 15 de este mes.
Durante un recorrido de LA PRENSA por las nuevas instalaciones, las salas de aseguramiento de los hombres lucen pulcras y ya están al 90 por ciento de su capacidad, principalmente con personas de origen hondureño y guatemalteco, lo que provocó la irritación de algunos grupos.
La nueva estación de Chiapas cuenta con áreas especiales para hombres, mujeres, familias y menores, así como zonas de esparcimiento, baños, servicios médicos, comedores y canchas deportivas.
Está diseñada en un espacio de 30 mil metros cuadrados, tendrá capacidad para alojar a mil 450 asegurados, de los cuales 960 corresponderán a estancia temporal y 490 de pernocta.
El lugar también tiene sitios especiales donde albergarán a los de “nacionalidades restringidas”, léase ecuatorianos, asiáticos, brasileños, cubanos, belgas, colombianos y árabes.
Para vigilar este centro migratorio, la Secretaría de Gobernación solicitó el apoyo de por lo menos una treintena de efectivos de la Policía Sectorial y Policía Auxiliar quienes con armas de grueso calibre patrullan las instalaciones.
Derechos humanos EXIGe MEJORES CONDICIONES
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) externó gran preocupación por el alto índice de marginación y malos tratos que sufren los migrantes durante su estancia en las estaciones migratorias de México y lugares habilitados como tales.
En su informe la CNDH asegura que aunque existen programas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, algunas de ellas continúan careciendo de elementos mínimos de dignidad para el adecuado alojamiento de los migrantes.
Además existe en estos establecimientos una concepción netamente compatible con el sistema carcelario, debido a que operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, y cuentan con bases de cemento que se usan como camas, características que corresponden a un reclusorio.
El artículo 94 de la Ley General de Población señala que en los lugares en donde no haya estaciones migratorias se considerarán habilitados los locales de detención preventiva para el efecto del aseguramiento de extranjeros.
La CNDH advierte que dicha disposición reglamentaria contraviene lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Política de México, el cual prevé que habrá lugar a prisión preventiva sólo por delito que amerite pena corporal y en un lugar que deberá estar separado del que se destinare a la extinción de penas.
Por lo que estos establecimientos sólo debieran ser utilizados para presuntos delincuentes que han cometido algún delito con las características referidas y no por extranjeros sujetos a medida administrativa del aseguramiento.
En el informe especial la CNDH destaca: Otra situación grave es la relativa a la criminalización del migrante indocumentado, debido a que la Ley General de Población considera como delito el internarse indocumentadamente al país. Ello aumenta su vulnerabilidad, al ser en todo momento susceptible de una arbitraria actuación de los servidores públicos y en ocasiones, hasta abuso sexual.
VÍCTIMAS DE DELINCUENTES
Asimismo, son fácilmente víctimas de la delincuencia organizada que se ha formado en torno del migrante, que los asalta y los agrede e incluso, los hace sujetos de incidentes provocados.
En su oportunidad, la representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Ana Isabel Soto, también exigió al Gobierno de México respetar los derechos humanos de los indocumentados, ya que de acuerdo a estudios, observaciones y testimonios de los “sin papeles” las salas de aseguramiento eran pequeñas —había hacinamiento— insalubres y predominaba un fuerte tufo de orines y excrementos, aparte de que la alimentación no era lo suficientemente abundante ni de calidad.
El director de la Fundación Integración Humana (FIH), Moisés Sánchez López, calificó de positiva la construcción de las nuevas instalaciones, pero dijo que lo importante es diseñar medidas económicas más sociales y humanas para evitar que la gente abandone su país en busca de mejores condiciones de vida.
El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró durante 2005 un total de 240 mil 269 migrantes indocumentados, lo que representó 11.39 por ciento más respecto al 2004, cuando la cifra fue de 215 mil 695 extranjeros asegurados.
