- Empezarían con paros escalonados hasta llegar a la paralización total
Moisés Martí[email protected]
Roman, Times, serif»>
Buseros amenazan con nuevas protestas
 |
Empezarían con paros escalonados hasta llegar a la paralización total |
Moisés Martínez
[email protected]
Los transportistas urbanos de Managua iniciarán a partir del próximo lunes protestas callejeras, para presionar al gobierno, a la Alcaldía de Managua y a los diputados de la Asamblea Nacional a que definan el mecanismo para financiar sus demandas económicas.
El presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (Urecootraco), Rafael Quinto, advirtió que la próxima semana realizarán paros escalonados, además de piquetes y plantones en las principales vías de la capital, porque al inicio evitarán paralizar en su totalidad el servicio.
Los paros escalonados los ejecutarán bajo dos modalidades: reducir considerablemente el número de unidades que circulan por la capital ciertos días de la próxima semana, y paralizar totalmente el servicio en algunos horarios, principalmente en las denominadas horas pico, de 6:00 a 8:00 a.m., y de 5:00 a 7:00 p.m.
“A medida que no se pongan de acuerdo en los mecanismos con los que van a conseguir los fondos para cumplir los acuerdos del 13 de febrero, vamos a ir presionando más hasta llegar al paro total o a una huelga de hambre en los portones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, amenazó Quinto.
Explicó que las protestas pretenden agilizar las discusiones que existen en la Asamblea Nacional, para determinar el mecanismo con el que van a oxigenar financieramente a los transportistas, tal como acordaron el 13 de febrero pasado en Casa Presidencial.
A juicio de Quinto, las alternativas que se barajan en el parlamento son demasiado complejas para ser resueltas en el plazo establecido en los acuerdos, más aún con la falta de voluntad política mostrada por las partes firmantes.
“Aquí vamos a protestar principalmente al Gobierno y la Alcaldía de Managua, que fueron los principales firmantes de esos acuerdos. Si ellos establecieron esos mecanismos, pues deben cumplirlos, y para eso vamos a buscar también a los garantes de esos acuerdos, que fueron el cardenal (Miguel) Obando y Bravo y el representante de la OEA (Organización de Estados Americanos)”, dijo el dirigente de los buseros.
La opción acordada, de aplicarle un impuesto del tres por ciento a las ganancias de las empresas petroleras, se empantanó por las protestas del sector privado y las críticas de economistas, más el rechazo de algunas fuerzas políticas como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Ayer intentamos obtener la opinión del Gobierno, pero el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro, estaba en negociaciones con los médicos en huelga; y el ministro Mario Arana no fue localizado.
PLC SE DESLIGA DE LA CRISIS
El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y diputado por el PLC, Wilfredo Navarro, anunció que por lo menos su bancada se desligará del tema del transporte, porque la solución de esta crisis le corresponde a la Alcaldía de Managua y al Gobierno central.
“Es una irresponsabilidad de estas dos instancias (Gobierno y Alcaldía) esperar que los diputados de la Asamblea Nacional resuelvan esta crisis, cuando les compete a ellos solucionarla para tranquilidad de los usuarios”, dijo Navarro vía telefónica.
El primer paso para desligarse de este problema, según el diputado liberal, será engavetar su propuesta de que en vez de gravar las utilidades de las petroleras, se utilice el excedente recaudado por medio del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), con que ya se grava el precio de los combustibles en el país, para subsidiar a los transportistas.
Navarro dice que el Gobierno negocia con los organismos financieros internacionales la condonación de su deuda, para destinar fondos a la disminución de la pobreza.
“La lucha contra la pobreza implica también la mejoría del problema del transporte, y el Gobierno debe destinar de esos fondos para subsidiar a los transportistas; eso sí, con el compromiso de que éstos mejoren sus unidades y el servicio a la población”, opinó el parlamentario.
PARO RECIENTE
El seis de febrero pasado, los transportistas iniciaron un paro que obligó a miles de capitalinos a marchar decenas de kilómetros o arriesgar sus vidas en inseguras camionetas “piratas” que cobraban el doble de la tarifa autorizada (2.50 córdobas), para acudir a sus centros de estudios o trabajos.
Esta protesta finalizó el 13 de febrero con la firma de unos acuerdos que en su parte medular establecían que, para subsidiar a los transportistas y evitar un incremento en la tarifa, se gravaría a las petroleras con un impuesto del tres por ciento sobre sus utilidades obtenidas por la venta de combustible.
