Recomiendan a Bolaños retomar control del Estado

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Recomiendan a Bolaños retomar control del Estado

	Jurista Gabriel Álvarez dice que el Presidente está facultado para poner orden en la crisis del CSE
	Llama a la decisión de la Corte “una monstruosidad institucional”

Xiomara Chamorro
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El Presidente de la República tiene atribuciones para hacer respetar la Constitución ante la crisis provocada por el enfrentamiento entre magistrados liberales y sandinistas, tanto en el Consejo Supremo Electoral como en la Corte Suprema de Justicia, según el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.

“Aquí va desde un Estado de Emergencia, que no implica restricción de derechos sino el de asumir facultades normativas y decir: restablezco mediante este decreto de emergencia que los magistrados suplentes serán suplentes de acuerdo con los términos de la Ley Electoral”, explicó el jurista.

Señaló que además el Presidente de la República podría ordenar a la Policía Electoral que no acate resoluciones de órganos integrados ilegalmente, al referirse a la forma en que fue integrada la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

Entre otras disposiciones legales para enfrentar lo que Álvarez considera “una monstruosidad institucional”, cabría que el Fiscal ordenara una investigación de estas resoluciones y solicitara las desaforaciones y enjuiciamiento a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral que tuvieran mérito para ser procesados.

Las ilegalidades

Álvarez indica que los magistrados electorales de tendencia liberal que se niegan a hacer quórum, están obligados “por un principio de lealtad institucional” a presentarse a las sesiones convocadas.

“Sin embargo, el sistema está diseñado precisamente para que tanto el PLC como el FSLN puedan impedir la legítima actuación de la instituciones y la única manera de salir de los impasses es atropellando la ley o las mismas normas establecidas por el pacto, utilizando de la manera más monstruosa a la Corte para salir de la crisis”, opina el jurista.

Álvarez considera que la sesión convocada por los magistrados sandinistas en la Corte para resolver sobre la falta de quórum en el CSE, es tan ilegal como si cuatro banqueros o profesores de un colegio se reúnen para emitir un acuerdo al que le llaman sentencia, “pero es totalmente ilegítimo porque no hay órgano legalmente integrado”.

El jurista explica que aún cuando la Sala Constitucional se hubiera integrado legalmente, lo más que la Ley de Amparo les permite es mandar a los magistrados a que hicieran quórum.

“No obstante ellos reformaron la Ley Electoral en su artículo 6, porque esa disposición legal, de rango constitucional, establece que los suplentes no ejercen ningún cargo, únicamente están para suplir la ausencia temporal de cualquier magistrado propietario, quien señalará al que lo suplirá durante su ausencia”, dice Álvarez.

“Eso es delito, prevaricato y usurpación de funciones y la Fiscalía debería investigar estos hechos”, agregó Álvarez, quien esta mañana abordará el tema en la entrevista central del programa Primera Hora.

Las leyes

La Ley de Amparo y la Ley Electoral, ambas de rango constitucional, serían entre otras, las disposiciones violentadas desde la CSJ y del CSE.

El artículo 49 de la Ley de Amparo establece que si en 24 horas después de la notificación no se da cumplimiento a una sentencia, la Corte requerirá al superior inmediato de la autoridad responsable y si no lo hubiere, como el caso del CSE, el requerimiento se hará directamente a ellos.

El artículo 6 de la Ley Electoral, en su quinto párrafo, establece que los suplentes de los magistrados propietarios no ejercen ningún cargo, únicamente están para suplir a la ausencia temporal de cualquier propietario, “quien señalará al que lo suplirá durante su ausencia”.

Conspiración

El pacto diseñó las instituciones para que no funcionara el Estado si no hay un acuerdo de ambos partidos, hasta convertirlo en una enorme asociación lícita para delinquir, dice el jurista Gabriel Álvarez.