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Asesino de Zeledón sin atrapar
Auxiliadora Martínez
CORRESPONSAL/BOACO
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La autoridades de la Policía de Boaco aún no han brindado declaraciones sobre el avance de las investigaciones respecto al ex dirigente de la Resistencia Nicaragüense, Domingo Zeledón, quien fuera ultimado a balazos cuando se movilizaba a bordo de un taxi con rumbo a Boaco.
El vocero policial, capitán Antonio Picado, dijo que la Policía Nacional está ampliando las investigaciones y mantiene el operativo de persecución para lograr la captura del autor de los disparos.
En tanto los familiares de Domingo Zeledón Tórrez negaron que su pariente fuera un tomatierras. En el ataque, perpetrado la mañana del martes en el sector de la comarca Wiscoyol, también resultaron heridos Roberto Rivera Rodríguez, de 48 años, y Yasiri Díaz Guzmán.
Según, los familiares que omitieron sus nombres por temor a represalias, Zeledón se dirigía de Juigalpa con rumbo a Boaco, donde solicitaría una audiencia ante la Juez Civil, en compañía de algunos miembros de la Resistencia que días antes habían sido desalojados de la propiedad San Antonio, la cual les había sido asignada provisionalmente por el intendente de la propiedad Alfonso Sandino Camacho, conforme documento legal.
Confirmaron además que en la reunión se esperaba la participación de representantes del Banco Central y de la Procuraduría de la Propiedad.
“Rechazamos la afirmación de que Domingo era un tomatierras, porque a él le habían asignado la finca San Antonio de 213 manzanas, la que el anterior dueño, Jerónimo González Calero, había perdido ante el Banco Nicaragüense por una deuda de más de 3 millones de córdobas”, señalaron.
Los parientes de Zeledón dicen estar desconcertados por su muerte, desconociendo la causa, sin embargo confirmaron que hace como cinco meses fue “espiado” mientras esperaba un bus en la parada El Genízaro, de Boaco. Aunque nunca se supo quién le disparó, no descartan que fuera por rencillas por ser el líder del grupo de desmovilizados posesionados en la propiedad.
Zeledón fue posesionado en la finca San Antonio mediante asignación provisional emitida el 17 de diciembre de 2004 por el entonces Viceministro para asuntos de la Propiedad del Ministerio de Hacienda, Alfonso Sandino Camacho, cuyo documento original está en poder de la Policía dentro de las pertenencias encontradas en la escena del crimen.
