Laurent LozanoAFP
WASHINGTON.- El Presidente estadounidense, George W. Bush, está dispuesto a desafiar al Congreso y a buena parte de su propio partido para defender la decisión de confiar a una compañía árabe la operación de seis grandes puertos, invocando la libertad comercial, y desechando las objeciones por cuestiones de seguridad.
El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, declaró que los servicios de Inteligencia tomaron todos los recaudos de seguridad necesarios para cederle el control de las terminales de los seis puertos a la empresa, originaria de los Emiratos Árabes.
“Todo esto fue hecho de acuerdo con las reglas. Se examinó todo escrupulosamente”, afirmó. Actualmente el 30 por ciento de las terminales portuarias estadounidenses está en manos de empresas extranjeras.
A pocos meses de las elecciones legislativas de mitad del mandato, el gobierno de Bush —que tiene mayoría en el Congreso— fue tomado por sorpresa cuando una porción de sus legisladores, incluyendo el líder de los republicanos, se alió a la oposición demócrata para luchar contra su decisión de darle a la empresa Dubai Ports World la gestión de las terminales portuarias de Nueva York, Newark, Filadelfia, Baltimore, Miami y Nueva Orleáns.
La oposición aduce que algunos de los participantes de los ataques del 11 de septiembre venían de los Emiratos Árabes, país al que habrían usado como base logística y financiera.
“Los expertos en contra el terrorismo y los organismos de inteligencia evalúan todas las cuestiones de seguridad nacional relativas a una transacción como ésta”, dijo McClellan.
Además, Dubai Ports World realizó voluntariamente ciertos compromisos para disipar las dudas, agregó.
De todos modos, la seguridad de los puertos seguirá siendo una responsabilidad del Gobierno estadounidense, dijo.
Dubai Ports World, que podría comprar las 29 terminales operadas por la empresa británica Peninsular and Oriental Steam Navigation, controlaría únicamente las llegadas y salidas de barcos y la carga y descarga en los muelles.
La transacción debería hacerse efectiva el 2 de marzo. Algunos de los congresistas republicanos más prominentes se unieron a los demócratas para reclamar nuevas investigaciones y garantías de que la transacción no representará una amenaza.
