- Inmunidad se hará efectiva hasta enero del 2007 según diputados
Luis Núñez Salmeró[email protected]
El titular de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB), Víctor Urcuyo, reiteró esta semana la aprobación de una ley que le dé protección ante cualquier acción judicial emprendida en su contra por actos que tienen que ver con la realización de sus funciones.
Sin embargo, la Asamblea Nacional le respondió que este asunto no puede resolverse mediante una ley ordinaria, ya que esta prerrogativa tiene un rango constitucional, explicó el diputado de Alternativa Cristiana, Orlando Tardencilla.
“El artículo 130 dice que sólo la Constitución es la que da inmunidad”, sostiene.
Por su parte el diputado sandinista Bayardo Arce Castaño afirmó que en las reformas constitucionales se incluyó lo de la inmunidad al Superintendente de Bancos, pero que estas reformas entrarán en vigencia hasta enero del 2007 por lo que deberá esperar hasta esa fecha.
Arce aseveró que el Superintendente de Bancos tiene que desarrollar una serie de acciones para garantizar la estabilidad del sistema financiero, que pueden llegar a la intervención o cierre de un banco, razón por la cual tanto Urcuyo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han demandado la protección legal del funcionario.
Este martes los diputados le aclararon que no se puede hacer esto con una ley y que incluso la Comisión de Justicia de la Asamblea ya había rechazado el dictamen de un proyecto de ley en esa dirección, afirmó Arce.
“Hubiera sido un atropello de la dinámica legislativa, con un proyecto de ley pretendiendo dar protección legal especial, ya que incluso hay un dictamen de la Comisión de Justicia donde dictamina en contra”, acotó.
Recientemente, Álvaro Robelo, el ex presidente del extinto Banco Europeo Centroamericano (BECA), intervenido por la SIB en 1996 por malos manejos, solicitó a los tribunales, tras un fallo judicial a su favor, el apremio corporal para Urcuyo por considerarlo responsable del cierre de su banco, pese a que Urcuyo fue electo en diciembre del 2004.
Urcuyo insistió en que los demás países de la región cuentan con una protección para el superintendente de bancos y afirmó que en cierta forma ésta puede ser una limitante para desarrollar sus funciones, ya que cualquiera lo puede demandar y pedir su arresto.
