Frustraron dos “piñatazos” del FSLN en Tisma

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Frustraron dos “piñatazos” del FSLN en Tisma

	Presentaron demandas laborales como la del caso Catarina: “reclamantes” eran vigilantes de propiedades
	Abogada no recuerda quiénes eran sus clientes, sólo que desistieron

Jorge Loáisiga Mayorga
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Al menos dos juicios laborales con las características del “piñatazo” del Juzgado de Catarina, fueron frustrados por la Juez Local Único de Tisma, Fabiola Vásquez Villanueva, quien no les dio trámite y luego tuvo que resolver un incidente de recusación en su contra, según confirmó la judicial.

Vásquez no dio trámite a dos demandas laborales interpuestas en agosto de 2005 por la abogada Janett del Socorro Cáceres Zúniga, contra la junta liquidadora del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y contra la Compañía Nacional Productora de Cemento (Cementera).

Vásquez comentó que a inicios de este año también se presentó una persona de Matagalpa, a interponer una demanda laboral con las mismas características que las presentadas contra el Banic y la Cementera, pero finalmente no se materializó.

ABOGADA NO CONOCE A SUS CLIENTES

La abogada Cáceres confirmó a LA PRENSA que ella presentó las demandas en Tisma, y que las abandonó porque sus clientes, de quienes no supo dar referencias domiciliares, desistieron de las mismas. “Lo que pasa es que la gente desistió de seguir”, dijo.

“No le puedo dar referencias de esos clientes, porque fueron recomendados por otra persona”, agregó Cáceres.

Mientras tanto, la juez de Tisma dijo que fue recusada en el primer escrito de ambas demandas, bajo el argumento de que ella había trabajado en el Banic y la Cementera, y que por eso decidió que se debía resolver primero el incidente, antes de dar trámite a la demanda.

Vásquez negó que ella haya trabajado para el Banic y para la Cementera, como argumentó Cáceres en las recusaciones presentadas en su despacho, y mandó a resolver el caso a través de juicio en cuerda separada en el Juzgado Local de Masaya.

Sin embargo, los expedientes del caso aún están radicados en el juzgado de Tisma, debido a que la demandante no llegó a notificarse.

“Por una transparencia de la administración de justicia y que no se lesione el derecho de las partes, pásense las presentes diligencias a la juez subrogante, la señora Juez Local Civil para lo Laboral de Masaya, para que resuelva lo que por ministerio de ley corresponda”, dice el escrito de la juez Vásquez.

“¿Qué es lo que por derecho corresponde? Probar que yo trabajé en esas empresas, pero como no he trabajado allí, no lo pueden hacer”, aseguró Vásquez.

DEMANDA CONTRA EL BANIC

El 16 de agosto del año pasado, Cáceres presentó la primera demanda laboral contra la junta liquidadora del Banic, en representación de una persona llamada Mario José Hernández, a quien identificó como agricultor, casado y del domicilio de Managua.

En su escrito de demanda, Cáceres recusó a la juez Vásquez por haber sido abogada del Banic y le pidió que se separara de la causa y que remitiera el expediente al juez subrogante, que en este caso correspondería a la Juez Local de Masaya.

En esa primera demanda, Cáceres señala que su representado, Mario José Hernández, desde el 15 de diciembre de 1999 fue contratado de forma verbal por la licenciada Ruth Obando, quien se desempeñaba como gerente financiero, para cuidar un bien inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en el costado este de los Juzgados de Managua, en el Centro Comercial Nejapa.

Agrega la demanda que la contratación de Hernández fue verbal y se efectuó en la casa de habitación de éste, ubicada en la ciudad de Tisma. Que el horario era diurno, de lunes a domingo, y que el trabajo consistía en llegar al lugar a las seis de la mañana y salir a las seis de la tarde, “pues el peso de mayor vigilancia es durante el día, para evitar la toma de este terreno por parte de precaristas”.

Además indica que se pactó un salario de tres mil córdobas mensuales, que consistían en el salario, transporte y alimentación, los que su cliente devengó hasta el año 2002, cuando quebró el Banic, el que fue sustituido en todos los derechos y obligaciones por la junta liquidadora.

En total, Cáceres, en representación de Hernández reclamaba de la junta liquidadora del Banic, 107,550 córdobas.

DEMANDA CONTRA LA CEMENTERA

De forma sorprendente, el 18 de agosto de 2005, dos días después de haber introducido la demanda contra el Banic, la misma abogada se presentó al juzgado de Tisma a presentar otra demanda laboral contra la Cementera, por el mismo monto de la demanda de Hernández: 107, 550 córdobas, en representación de Rita Aidelina Romero Aguilar, a quien identificó como ama de casa, soltera y del domicilio de Managua.

Igual que en la demanda contra el Banic, recusó por implicancia a la juez de Tisma, alegando que ésta había sido abogada de la Cementera.

La juez de Tisma reiteró en más de una ocasión a LA PRENSA, que ella jamás ha trabajado para el Banic ni para la Cementera.

En su relación de hechos, Cáceres dijo que desde el 15 de diciembre de 1975 “más o menos”, Romero fue contratada de forma verbal en su casa de habitación en Tisma por el responsable de Recursos Humanos, en ese entonces, de la Compañía Nacional Productora de Cemento, para cuidar por su cuenta un bien inmueble (un lote de terreno) ubicado en la comarca Cuajachillo, a orillas de la carretera.

“Desde esa fecha mi representada y su esposo se dispusieron a hacer en dicho terreno una casa humilde que destinaron para el cuido de dicha propiedad, debiendo viajar periódicamente de Tisma hasta Managua”, expresa la fallida demanda.

Agrega el escrito, que a Romero le pagaban mensualmente tres mil córdobas, lo que incluía transporte y alimentación.

Dice además, que en 1988, por la situación de guerra del país, se le dejó de pagar el salario y pese a ello continúo cuidando el inmueble.

Finalmente, la demanda indica que por no poder reclamar todos los años de servicio, reclama solamente las prestaciones laborales, correspondientes a un año y que por “desconocer el paradero de la Compañía Nacional Productora de Cemento”, y desconocerse quién es su representante legítimo, pide a la juez que se cite por edicto a los socios de esa compañía.

“Ellos vinieron (abogada y demandante), presentaron la demanda y se desaparecieron. Nunca fueron notificados, porque además no señalaron en su demanda, lugar para oír notificaciones”, expresó la juez Vásquez.

La judicial de Tisma indicó, además, que sobre esos casos presentó un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

¿MODUS OPERANDI?

En el Juzgado de Catarina se tramitó una demanda laboral a favor de la ciudadana Martha Chavarría Rivas, quien dijo haber sido contratada verbalmente por el representante de la empresa Interamerican Chemical, Almacenes Generales de Depósito (Icadesa), que abandonó el país en 1979 a raíz de la revolución sandinista.

El juicio, que está siendo cuestionado por el apoderado general de administración de esa sociedad, y por la apoderada general judicial de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (Enabas), por ser ésta acreedora de Icadesa, culminó con una subasta pública de un bien inmueble de Icadesa y Enabas.

En la subasta, el único postor que se presentó fue el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López Centeno.