La explosión de la deuda interna

Para el año 2006 Nicaragua pagará en concepto de Certificados Negociables de Inversión (Ceni) más de mil 300 millones de córdobas de una deuda de más de nueve mil millones de córdobas, cuyo origen sigue siendo cuestionado por lo turbio de la transacción y lo oneroso de su pago, de acuerdo con el Presupuesto de la República para este año.

Las operaciones de Ceni se originaron durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro bajo la lógica de convertirse en una herramienta para mantener el equilibrio monetario sacando liquidez de la economía, explica el economista José Luis Medal, quien agrega que estas operaciones se conocían como de “mercado abierto” y su función era la de sacar liquidez de la economía.

Con la administración del presidente Arnoldo Alemán Lacayo, estas operaciones se dispararon desvirtuando su naturaleza, según las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Con la quiebra de los bancos comerciales Interbank, Banco del Café y Banco Mercantil, el BCN hizo emisiones de Ceni con argumento de salir al rescate del dinero de miles de ahorrantes que estaban amenazados de perder su dinero por estas quiebras.

Estas emisiones son señaladas por la Coordinadora Civil como “fraudulentas” y a ellas le atribuyen millonarias pérdidas para el erario, dado que supuestamente emitieron certificados por encima de lo que realmente se necesitaba, para cubrir el costo de las quiebras.

Desde el principio el proceso fue poco transparente. El BCN no estaba facultado para realizar este tipo de operaciones de rescate de bancos quebrados, según su ley orgánica, artículo 54 y el reglamento de emisión de Certificados Negociables de Inversión (Ceni) en los que se define claramente que estas operaciones se realizarán estrictamente de acuerdo con la política monetaria y no para rescatar instituciones privadas en quiebra, denuncia Alejandro Acevedo Vogl, economista de Coordinadora Civil.

El artículo 41, por su parte, determina que el BCN no podrá otorgar créditos a instituciones con problemas financieros.

Por otro lado, el banco tampoco estaba facultado para hacerse cargo de la clasificación de las carteras de los bancos quebrados y mucho menos dirigir todo el proceso de liquidación, durante el cual, según Adolfo Acevedo Vogl, se dieron una serie de anomalías que terminaron en una fraudulenta liquidación de todos estos bancos.

En todo caso, el canal lógico de emisión de Ceni para el pago de deuda interna debió ser la Asamblea Nacional a través de una ley especial o seguir los mecanismos establecidos, de someter a subasta pública estos certificados.

Nada de esto se hizo y se emitieron de forma discrecional y sin ningún soporte de fondo, según advierten economistas y dirigentes de la Sociedad Civil, ya que lo que se logró con la condonación de la deuda externa se perdió con el pago de estos certificados.

Pero el principal problema fue la alta politización que rodeó el contexto de las quiebras bancarias. El negocio de los bancos es sicológico y los rumores o comentarios públicos afectan la sensibilidad del sistema, afirma un experto financiero que no quiso ser mencionado.

De tal forma que dirigentes políticos de los partidos mayoritarios se trenzaron en una disputa pública que provocó el pánico de los clientes. Además, posteriormente a las quiebras, ninguno de los involucrados en estas operaciones fraudulentas fue responsabilizado ni condenado, quedando todos los casos en el aire en los diferentes juzgados.

Es así que una voz generalizada pide la publicación de los informes de las Juntas Liquidadoras de los bancos quebrados.

“Es una deuda de todos los nicaragüenses y todos tenemos derecho a saber qué pasó, al menos por sanidad histórica”, aseguró Adolfo Acevedo.

EL PECADO DE LAS JUNTAS

Uno de los principales señalamientos apunta a las Juntas Liquidadoras, quienes desde un principio fueron cuestionadas por la forma en cómo éstas se conformaron. Según la Ley de Bancos, debieron estar conformadas por personas independientes del gobierno. Sin embargo, todos sus miembros provinieron de las diferentes estructuras del mismo.

Esto originó agrias disputas entre el Superintendente de Bancos en ese momento Noel Sacasa, el presidente del Banco Central, Noel Ramírez, y el entonces Ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, quienes terciaron por colocar a funcionarios de su confianza para dirigir el proceso de liquidación de los bancos quebrados.

Contraviniendo las normas legales, la mayoría de los presidentes o directivos de la Juntas Liquidadoras fueron ex funcionarios de los bancos quebrados, tal es el caso de Carlos Matus, quien pasó de gerente del Banco del Café a la Junta Administradora y después a la Junta Liquidadora del mismo.

Guillermo Lugo, fundador del desaparecido Pribanco, y ex gerente del desaparecido Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, pasó a la Junta Liquidadora del Interbank. Rodolfo Delgado, ex funcionario de la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), fue nombrado por el entonces presidente del BCN, Noel Ramírez, sin que éste estuviera facultado para hacerlo.

Sobre esto, Delgado sostiene que comenzó a trabajar en el caso de las quiebras bancarias como asesor de Noel Ramírez, presidente del BCN y posteriormente pasó a dirigir la Junta Liquidadora del Interbank por la renuncia de dos de sus directivos.

“Es falso que hayamos recibido una gran partida”, sostiene Delgado al referirse al pago que recibieron los miembros de las juntas liquidadoras de los bancos.

Éste no se expresaba en un salario fijo sino en una comisión acordada que variaba entre el dos y el tres por ciento del monto recuperado. Es decir, en el caso del Interbank se recuperaron 28.6 millones de dólares que con una comisión de tres por ciento significan 858 mil dólares.

Según Delgado, el grueso del gasto de las recuperaciones fue durante el proceso de liquidación cuando se gastaron 206 mil dólares mensuales en avalúos de carteras vencidas y pagos de abogados.

Ya la Junta Administradora anteriormente había gastado 396 mil dólares mensuales “en personal operativo y de crédito, en avalúos y en la primera acusación contra quienes consideraron responsables de la quiebra del Interbank”, según comunicado del 29 de octubre del 2003 de la Junta Liquidadora de este banco.

Sin embargo, fuentes cercanas a estas Juntas Liquidadoras señalan que los nombramientos provenían directamente del ex presidente del Banco Central, quien mantuvo fuertes disputas con el ex Superintendente de Bancos, Noel Sacasa.

Es así que ex funcionarios de gobierno como Juan José Rodríguez, todavía asesor legal y secretario del Consejo Directivo del Banco Central, Guillermo Lugo, Mario Rivas, Carlos Matus, Manuel Centeno, entre otros, fueron parte de estas juntas. Se calcula que por parte de las Juntas Liquidadoras se cobraron unos 30 millones de córdobas, equivalentes a 2.3 millones de dólares al tipo de cambio del 2001.

No obstante la liquidación final de las instituciones bancarias nunca se dio a conocer, según denuncia la Coordinadora Civil.

El economista independiente José Luis Medal sostiene que el verdadero punto de partida debe ser la publicación de los informes de liquidación, lo cual hasta la fecha ninguna autoridad ha mostrado intención de presentarlo a la opinión pública.

CAMBIA CLASIFICACIÓN

Por otra parte, el acelerado crecimiento de la deuda se explica, según Adolfo Acevedo, debido al turbio proceso de reclasificación de la cartera de los bancos quebrados. Esto significó que la deuda se elevara en al menos 200 por ciento.

Aunque el contralor Luis Ángel Montenegro sostiene que la emisión de Ceni pudo ser hasta el triple del monto inicial. Es decir que en lugar de emitir una deuda máxima de cien millones de dólares se elevó a más de 400 millones de dólares.

De acuerdo con un muestreo realizado al Banco Mercantil, la mayor parte de la cartera clasificada A y B, fue reclasificada como cartera C y D.

De esta forma, una supuesta cartera valorada en 100 millones se infló hasta los 400 millones de dólares. Es así, según Adolfo Acevedo, se emitieron certificados para pagar al Banco de la Producción el restante de la cartera. Según Rodolfo Delgado, al Banpro se le entregó en efectivo 15.9 millones de dólares y al Banco Central 40.9 millones de dólares, por compromisos con esta institución, es decir transferencias que les hizo a la institución para las operaciones de liquidación.

Agrega que durante la crisis del Interbank, el Banco Central les entregó a este banco alrededor de 80 millones de dólares para cubrir la demanda de los clientes que llegaban a retirar sus ahorro y que eso no aparece registrado en el informe final del liquidación de este banco. Según el artículo 41, de la Ley del BCN, esta institución no está facultada para transferir créditos a instituciones con problemas de liquidez.

La forma cómo se infló la deuda de Ceni es oscura y tiene que ver con la posterior reclasificación de la cartera de los bancos quebrados, que se expresó en que clientes con clasificación A fueron convertidos de la noche a la mañana en clientes D, es decir cartera no recuperable, expresa Acevedo.

Esto creó un enorme hoyo que fue necesario cerrar con la emisión de los Ceni para cubrir esta supuesta quiebra, ya que según el economista José Luis Medal, la compra de los bancos quebrados se hizo con base cero, es decir activos y pasivos tenían el mismo valor.

Es así que clientes como Caribe Motor, Corporación Roberto Terán G., Internacional Motor de Nicaragua, Automundo , clasificados en categoría A, fueron a parar como clientes D, es decir morosos, a estos bancos, sin que esta reclasificación se justificara, una denuncia que en su momento hiciera Haroldo Montealegre, ex presidente del Banco Mercantil y que posteriormente también fue hecha por la Coordinadora Civil.

Para compensar esta compra “riesgosa” de una cartera “mala”, el BCN hizo una emisión de Ceni sin ningún respaldo y sin recibir, además, un solo centavo. Y lo peor aún: no fueron sometidos a licitación alguna, tal y como ordena la ley sino que fueron entregados como deuda del BCN, denuncia la Coordinadora Civil.

Con esta operación el Banco Central quedó en una situación de iliquidez, lo cual sospechosamente no provocó ningún tipo de desconfianza en los bancos que estaban recibiendo los Ceni. La explicación más segura, según Acevedo, es que había información privilegiada que manejaban los bancos que dirigieron esta operación en torno a las negociaciones de la condonación de la deuda externa, de forma que previeron convertir la deuda externa en deuda interna.

Así se explica la emisión de 400 millones de dólares entre el 2001 y el 2003 en Ceni, que de acuerdo con economistas independientes, no debió ser, en todo caso, superior a los 100 millones de dólares. Una emisión que fue definida arbitrariamente con tasas de interés cercanas al 20 por ciento.

Sobre esto el contralor Luis Ángel Montenegro sostiene que por esta reclasificación fraudulenta el Estado debió pagar más de tres veces el valor de la deuda. Incluso, agrega que él mismo fue víctima de esta reclasificación, ya que siempre fue cliente triple A, es decir buen pagador, con una deuda de 150 mil dólares y con esta nueva clasificación fue calificado cliente D, que significa cliente moroso o mal pagador, lo cual lo deja fuera del sistema financiero a la hora de buscar crédito.

Por otro lado, la Contraloría de la República declaró de nulidad esta emisión de Ceni, por considerar oscuro todo el proceso de emisión y sobre todo ilegal por cuanto el BCN no tenía ninguna facultad legal para hacerlo.

No obstante, el nuevo gobierno de Enrique Bolaños hizo nuevas emisiones de Ceni consideradas sin justificación por el economista Néstor Avendaño, puesto que la emergencia de los bancos quebrados y la especulación por las elecciones del 2002 había pasado, meses después de haber asumido la presidencia.

RAMÍREZ NIEGA VÍNCULO

El ex presidente del Banco Central de Nicaragua, Noel Ramírez, se defiende de los señalamientos a través de una serie de escritos, en los que afirma que la supervisión e intervención de los bancos era una facultad exclusiva del Superintendente de Bancos.

La venta o subasta de los activos y pasivos de las instituciones intervenidas “son facultad de las juntas interventoras, administradoras o liquidadoras, nombradas por el Superintendente de Bancos”.

Ramírez asegura que el Banco Central participó en estos procesos “por instrucciones del Gobierno de la República… como agente financiero del Gobierno de acuerdo con su ley orgánica”.

No obstante, el ex presidente del Banco Central no aclara por qué se reclasificó la cartera de los bancos quebrados, ni la justificación documentada de una emisión elevada de Ceni.

Sin embargo, menciona el respaldo que recibió de parte del gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños en la emisión de los certificados.

Ramírez mostró los decretos en los cuales Alemán y el presidente Bolaños respaldan estas emisiones, aunque tampoco aclara la legalidad de las emisiones.

El ex presidente del BCN insiste en señalar que estas operaciones fueron respaldadas por el BCN y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB).

EL CONTEXTO

A mediados de 1995 el Banco Central introdujo las operaciones de mercado abierto como instrumento de control de liquidez. En sus inicios, los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) afrontaron mercados financieros y de dinero que no estaban acostumbrados a este tipo de operaciones y una Bolsa de Valores que recién había iniciado operaciones el año anterior.

En sus inicios, el BCN trató de implementar estas operaciones a través del sistema de subastas, sin embargo, no tuvo el resultado esperado y optaron por cambiar la modalidad ofertando tasas de interés en vez de cantidades. Esta modificación dio como resultado que a finales del año 1995 se había logrado colocar 59.6 millones de córdobas a valor facial, de los cuales el 68.8 por ciento fue colocado a 360 días a una tasa de descuento del 20 por ciento.

Durante 1996, la colocación neta de Ceni llegó a ser de 290.6 millones de córdobas (resultado de haber emitido C$550.6 y redimido C$260.0 millones), siendo el primer semestre del año cuando se dieron los principales montos de absorción. El saldo de Ceni a valor facial en diciembre de este año fue de C$408.9 millones.

El BCN decidió bajar las tasas de rendimiento en tres ocasiones durante el año: para los certificados de un año de plazo, en mayo pasaron de 25 por ciento a 20 por ciento, en septiembre se redujeron al 18 por ciento, y en el mes de diciembre llegaron hasta el 15.3 por ciento. En este mismo año las colocaciones a 28, 60 y 183 días se suspendieron, quedando vigentes aquellas con plazos de 273 días y un año.

El 11 de julio de 1997 se aprobó el Reglamento de Subastas de Ceni del BCN, el cual reemplazó el antiguo mecanismo de venta directa. En esta nueva modalidad, el monto a colocar era determinado en base a las necesidades de regular la liquidez primaria, y la tasa de rendimiento ahora estaba determinada por el mercado. El saldo de Ceni a valor facial fue de C$3,438.2 millones.

Para suavizar el calendario de redenciones e impulsar el mercado de captación a largo plazo, se hicieron emisiones a plazos de 360 días hasta de 930 días. La tasa de descuento se redujo hasta alcanzar 9.50 para 360 días de plazo, 10.27 para 720 días y 10.32 para 900 días. El saldo de Ceni a valor facial en diciembre de 1998 fue de C$2,039.5 millones.

En 1999 solamente se colocaron C$930.4 millones, finalizando el año con un saldo a valor facial de C$1,893.9 millones. La tasa de descuento anual para los certificados a 720 días de plazo osciló entre los 7.6 y los 9.9 por ciento.

En el año 2000 se colocaron C$1,558.97 millones, dando como resultado un saldo a valor facial de Ceni por C$2,676.8 millones. La tasa de descuento anual para los certificados a 360 días de plazo fue de 14.5 por ciento.

El gerente general del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), Carlos Briceño, sostiene que ya los certificados no existen puesto que “todos los Ceni que en su oportunidad se dieron ya, fueron cambiados por letras del Ministerio de Hacienda” los que están en manos de inversionistas que están apoyando la emisión de estos bonos . “Hoy por hoy el Ceni bancario no existe”, enfatiza.

SIN RESPALDO

Para compensar la compra “riesgosa” de una cartera “mala” el Banco Central de Nicaragua (BCN) hizo una emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) sin ningún respaldo y sin recibir, además, un solo centavo. Y lo peor aún, no fueron sometidos a licitación alguna, tal y como lo ordena la ley del BCN y el reglamento de licitación de los Ceni, sino que fueron entregados como deuda del BCN a los bancos adquirentes de las carteras.

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