- El director de Aduanas fue amenazado con orden de captura si no entregaba los casi US$300,000
- Pareja de mexicanos no acudió a cita para retirar cheque
Elízabeth [email protected]
Tras un ultimátum de 24 horas que dio la Juez Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Miriam del Socorro Guzmán González, en contra del director de General de Servicios Aduaneros (DGA), Ruddy Gutiérrez, esa institución procedió a emitir un cheque para devolver el dinero incautado a una pareja mexicana declarada “no culpable” del delito de defraudación aduanera, por un jurado de conciencia.
El director de asesoría legal de la DGA, Francisco Mendoza, confirmó ayer que emitieron el cheque número 1561, a favor de los ciudadanos mexicanos Rigomilda Valencia y Luis David Zamora Ramírez, por la cantidad de 299,450 dólares quienes fueron procesados por contrabando aduanero, según orden judicial.
La juez advirtió a Gutiérrez que si no hacía caso de lo ordenado por ella, “iba de inmediato a proceder a abrir causa por desacato en contra de él, e iba a girar orden de captura para dar cumplimiento a lo ordenado por ella”, manifestó Mendoza.
MEXICANOS AUSENTES
Las autoridades de Aduanas citaron a la pareja de mexicanos para que se presentara ayer a las 2:00 p.m., a las oficinas centrales de esa entidad, para hacerles entrega formal del cheque, y aunque según Mendoza, uno de los abogados que les representa les confirmó la visita, éstos no acudieron.
“El cheque ya está emitido a nombre de estas dos personas dando cumplimiento a lo ordenado por el juez, no se hicieron presentes como ustedes son testigos, por lo tanto dejamos claro que la Aduana está dando cumplimiento a la sentencia, pero las partes involucradas no sabemos por qué motivo, no se han presentado a retirarlo”, indicó Mendoza.
La entrega del dinero había provocado una controversia con el abogado Roberto Cruz, quien se presentó a reclamar el dinero en representación de los mexicanos, pero que las autoridades se negaron a hacerlo, por presumir que los documentos eran falsos. Cruz amenazó a las autoridades de la DGA con introducir una demanda ante los tribunales por dudar de su honorabilidad.
Mendoza aclaró que la Dirección General de Servicios Aduaneros no se oponía a la entrega del dinero, si no que trataban de llenar los requisitos como fue realizar consultas con la Procuraduría General de la República (PGR), en torno a los documentos con que se acreditó el abogado Cruz, nombrado por los mexicanos como su representante legal.
Insistió en que la PGR solicitó información ante el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) para constatar la visita del abogado donde les informaron que no aparecía registrada la visita en el día y hora en que señalaba en el poder notarial. Cruz sostiene que los dos poderes extendidos por el notario Félix Pedro Cárcamo Meza están apegados a la ley.
Mendoza manifestó que los ciudadanos mexicanos pueden presentarse a esas instalaciones a retirar su cheque, en cualquier momento que lo deseen a partir del próximo lunes, dado que los fines de semana no abren las oficinas centrales de la DGA.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los esposos mexicanos Rigomilda Valencia y Luis David Zamora fueron arrestados el 12 de julio del 2005, en el Aeropuerto Internacional Managua, cuando les descubrieron en una maleta de doble fondo casi 300 mil dólares no declarados. Según la ley, más de 10 mil dólares deben ser declarados ante Aduana.
El 3 de noviembre un jurado de conciencia los declaró no culpables del delito de contrabando aduanero.
La Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR), introdujeron una apelación ante la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
El 11 de enero pasado, la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones favoreció a los ciudadanos mexicanos, al confirmar la sentencia emitida por la Juez Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Miriam del Socorro Guzmán González.
A raíz de la sentencia, la judicial ordenó a las autoridades de Aduana que entregaran el dinero, pero éstas alegaron que consultarían con la Procuraduría General de la República, que días después resolvió sobre presunciones de documentos falsos del apoderado El 8 de febrero la juez Guzmán ordenó “procédase a entregar sin dilación”.
