- Istmo requiere actualizar legislaciones, dice organismo
Kathia MartínezAP
PANAMÁ.- Un estudio de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) descubrió que la legislación fitosanitaria de los países de Centroamérica tiene deficiencias importantes que limitan una adecuada protección de la sanidad vegetal.
Entre las deficiencias más graves, el estudio mencionó la modalidad adoptada en la región de fusionar las leyes sobre la sanidad animal, protección vegetal y seguridad alimentaria, en un único cuerpo legal.
Ello, dice el estudio, ha resultado en una severa limitante para la actualización y aplicación de dichas normas.
Los resultados fueron divulgados el miércoles durante un foro en el que participó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) sobre el sistema fitosanitario de Panamá en relación al marco reglamentario internacional.
El estudio fue realizado por la FAO en los países de la región que integran la Organización Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) e incluyó una serie de misiones a México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
La investigación estimó que los aspectos legislativos e institucionales constituyen el principal factor limitante de la capacidad fitosanitaria de los países. Identificó, además, un alto grado de simetría entre los países investigados.
Destacó que aunque los países de la OIRSA poseen leyes destinadas a la protección fitosanitaria relativamente recientes —son posteriores a 1993— todos poseen deficiencias importantes en mayor o menor grado.
El estudio recomienda a los países dar prioridad al desarrollo de legislaciones y reglamentos armonizados y actualizaciones compatibles con los marcos internacionales.
El estudio destacó que en los casos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, un mismo instrumento jurídico regula tanto la sanidad vegetal y animal. Este tipo de leyes es de difícil aplicación ya que los acuerdos internacionales que rigen la salud animal y la sanidad vegetal son distintos, comentó. Además, dijo el estudio, difieren en cuanto a su terminología.
En cuanto a Costa Rica el estudio determinó que sus leyes de protección fitosanitaria tienen un ámbito de aplicación muy vasto, ya que abarca sanidad vegetal, plaguicidas, agricultura orgánica y crea la comisión de bioseguridad, pero requieren ligeras enmiendas para perfeccionarlas.
