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Asonadas en año electoral
La presente semana comenzó en Nicaragua con el anuncio —o más bien dicho, con la amenaza— de movilizaciones y acciones callejeras de fuerza, por parte de gremios laborales del sector público, supuestamente para respaldar sus demandas de aumento salarial. Y la misma amenaza hacen los transportistas que exigen alza en las tarifas del transporte urbano colectivo, o más subsidios estatales.
Sin duda que los salarios de los trabajadores del Estado —y también los del sector privado— son muy bajos en relación con el costo real de la canasta básica. Sin embargo quienes amenazan con disturbios callejeros son líderes de los gremios que precisamente más aumento salarial han recibido en los últimos años. Además, no se ha visto que las autoridades de Salud y Educación estén cerradas a discutir nuevos y graduales ajustes salariales para los próximos años, de manera que no hay justificación para mantener paralizados los hospitales y centros de salud ni para amenazar con el escalamiento de los paros en el sector público e incluso provocar acciones de violencia social callejera.
Es difícil creer que el Presidente de la República le mintiera a la nación y a la comunidad internacional, al asegurar en su informe del 18 de enero ante la Asamblea Nacional que “el ingreso promedio , por ejemplo del maestro o maestra de primaria, o sea el dinero que el maestro o maestra de primaria lleva a su casa, para gastarlo como quiera, que incluye el básico, zonaje, antigüedad, título, bono, aguinaldo”, se ha duplicado en la actual administración “ al pasar de 1,213 a 2,393 córdobas mensuales, sin incluir el aumento que ya está en el presupuesto de este año 2006”. El Presidente reconoció que “esto es demasiado poco, pero advirtió que ha aumentado 97.2 por ciento en apenas cuatro años”, e informó que: “Para las enfermeras el aumento ha sido de 84 por ciento. Para el médico y el cirujano general el aumento ha sido del 72 por ciento y ya se han presupuestado ajustes adicionales en el presupuesto del 2006”.
¿Pueden refutar esto los líderes sindicales que pertenecen al partido (FSLN) que, cuando gobernó, rebajó brutalmente los salarios de esos trabajadores y los amenazó con cortar las manos a quienes se atrevieran a hacer huelgas por aumentos salariales? En realidad, debido a que estos gremios son “organismos de masas o periféricos” del FSLN, es legítimo considerar que el verdadero propósito de las acciones callejeras de fuerza, sería el de obligar al presidente Bolaños a desistir de su intención de impulsar el referendo sobre las reformas constitucionales y proponer una reforma a la Ley de Carrera Judicial, que le quitaría al FSLN o le restaría el control político- partidista que ejerce sobre la administración de justicia. Cabe recordar al respecto que el Presidente anunció en su discurso ante la Asamblea Nacional del miércoles 18 de enero, que propondrá un referendo para que la población acepte o rechace las reformas constitucionales que ya causaron una profunda y prolongada crisis institucional, el año pasado, que sólo se pudo resolver —temporalmente— por la intervención de la OEA, y mediante la aprobación de una Ley Marco que mandó a postergar su aplicación hasta después de que asuman sus cargos las nuevas autoridades supremas electas en noviembre de este año.
Ahora bien, que el FSLN esté alentando las protestas y disturbios callejeros que se anuncian para las próximas semanas no puede ser una sorpresa para nadie. ¿Acaso no es eso lo que ha venido haciendo desde que perdió las elecciones del 25 de febrero de 1990, con la estrategia de “gobernar desde abajo”. Sin embargo, en este caso tal vez no sea sólo por las reformas constitucionales y las reformas a la Ley de Carrera Judicial que el FSLN podría estar montando las nuevas asonadas. A lo mejor los estrategas sandinistas creen que así como Evo Morales y el Movimiento al Socialismo de Bolivia obtuvieron un contundente triunfo electoral, después que montaron las asonadas que inclusive derrocaron al ex presidente Carlos Mesa, también ellos —Daniel Ortega y el FSLN— podrían lograr lo mismo en Nicaragua.
Pero las condiciones de Nicaragua son diferentes y desencadenar la violencia sería una locura que más bien podría conducir a Ortega y el FSLN a una derrota electoral peor que las de 1990, 1996 y 2001. Sin embargo le harían un daño catastrófico a la nación y mejor sería que no cometieran esa insensatez, y que mejor permitan al país seguir creciendo en paz y a los ciudadanos votar con tranquilidad en las elecciones de marzo y noviembre próximos.
