Las “perlas” de la justicia

La lucha anticorrupción que en el 2004 empezó a descender, en el 2005 aceleró su ritmo a una velocidad que no despertó el asombro de la ciudadanía desencantada. El rechazo al sistema judicial se acentuó y los señalamientos de corrupción han crecido abrumadoramente.

Este año cerró con el escándalo mayúsculo que sacudió los cimientos del Poder Judicial; el robo de 609 mil dólares mediante el diseño de una operación jurídica en la que se vieron involucrados jueces, magistrados y abogados.

El dinero no aparece y las investigaciones del caso están en manos del Ministerio Público. El fiscal designado, Armando Juárez, recientemente adelantó que los magistrados que se vieron involucrados en la “jugada” fueron ingenuos al firmar la sentencia que permitió la salida del dinero; una afirmación que dejó al descubierto la falta de voluntad por llegar al fondo del caso.

El mismo Juárez fue señalado por Pánfilo Orozco, el ex abogado de Luis Ángel González Largo, de pretender “legalizar” la salida del dinero, haciendo una supuesta propuesta al reo.

El caso de los 609 mil dólares —incautados a cinco personas procesadas y condenadas por lavado de dinero en el 2004 y que se sospecha provienen del narcotráfico— fue “amortiguado” con una sentencia de la CSJ en la que se establecieron sanciones para los funcionarios de menor rango: jueces y abogados, los que aparentemente serán llevados ante los tribunales para ser acusados criminalmente.

DÓLARES SUCIOS Y SENTENCIAS

Más juicios en los que estaban de por medio millonarias sumas de dinero, pusieron al descubierto el manejo antojadizo de las leyes en los distintos tribunales del país. En Rivas un juez repartió 1.2 millones de dólares que formaban parte de las evidencias en un juicio a dos guatemaltecos.

La Procuraduría General de la República (PGR) denunció que en septiembre pasado, en el Juzgado Penal de Juicio de Rivas se dio una situación anómala en la que un juez ordenó la distribución del dinero de forma arbitraria y contraria a la ley, entre varias instituciones del Estado, entre éstas la Corte Suprema. Los procesados gozan de libertad.

En Managua la Juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, prestó las condiciones para que un jurado de conciencia declarara no culpables a dos mexicanos capturados con 300 mil dólares.

Luis David Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán (mexicanos) fueron declarados no culpables por un jurado de conciencia la noche del martes, 1 de noviembre, después que Guzmán anuló las pruebas más importantes, según denunció la Fiscalía. Los intentos de la Fiscalía y la Procuraduría en todos los casos por revertir las decisiones judiciales fueron en vano.

En medio del escándalo de los narcodólares y el asombro por la celeridad con que actuaron las autoridades de la CSJ para que el dinero saliera de la cuenta del Poder Judicial, el ciudadano hondureño Daniel Giovanni Fajardo reclama la devolución de 105 mil dólares, desde febrero.

Fajardo fue procesado por lavado de dinero, tiene a su favor una sentencia definitiva y hay una orden judicial para que el dinero salga de las cuentas bancarias de la CSJ, pero el magistrado Manuel Martínez, presidente de la CSJ no ha firmado el cheque, contrario a lo ocurrido en el caso de los 609 mil dólares.

OTRA “DE RIPLEY”

Uno de los más sorprendentes y espectaculares casos de tráfico y comercialización internacional de cocaína, pasó a las páginas del olvido en los juzgados. Se trata de la conocida “narcoavioneta” que fue encontrada enterrada en una pista de aterrizaje en la comarca Samaria, al suroeste de Managua, con restos de droga.

La Juez Sexto Penal de Audiencia, Margarita Romero, rechazó la acusación que la Fiscalía presentó contra una de cuatro personas señaladas de participar en el caso por el delito de financiamiento de estupefacientes.

Romero mandó a la Fiscalía a recabar más pruebas que sustentaran el caso aduciendo que a su “leal saber y entender” no existían suficientes pruebas ni indicios racionales que demostraran la participación del acusado Juan José Aguilar Mojica en el caso, quien se presentó voluntariamente al juzgado para someterse al juicio, después que la Policía lo buscó infructuosamente.

BANIC: CASO CERRADO

En marzo, el juez sandinista Edgard Altamirano sobreseyó definitivamente a todos los implicados en la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), procesados por fraude al Estado.

El ex director general de Ingresos, Byron Jerez Solís, fue uno de los beneficiados con esta sentencia que también incluyó a Luis Emilio Midence Padilla, Ronald Martínez Sevilla, Francisco Cortés Tórrez, Francisco Cortés Reyes, Dolores Ojeda Baca, Ruth María Obando Martínez, Orlando Castro Gutiérrez, Elliot López Somarriba, Benjamín González Bustamante y otros ex funcionarios del Banic, como Jaime Bonilla y Alfonso Llanes Cardenal.

El Banic fue intervenido en agosto del 2001 por la Superintendencia de Bancos (SIB) y declarado en quiebra debido a transacciones fraudulentas, como la fuga de depósitos y préstamos a sociedades fantasmas, en las que estaban implicados los directivos.

El caso pasó al Tribunal de Apelaciones que aún no se pronuncia sobre la confirmación o revocación de la sentencia de Altamirano quien, entre el cúmulo de pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR), no encontró el cuerpo del delito ni la culpabilidad ni elementos suficientes para mandar a prisión a los acusados.

JEREZ CON SUERTE

En ese mismo mes (marzo) Jerez obtuvo otra sentencia a su favor. La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, dominada por magistrados sandinistas, dictó una sentencia con la absolución de Jerez en el caso de los “checazos”, un juicio en el que había sido encontrado culpable por un jurado de conciencia y condenado a ocho años de prisión.

Otra buena noticia llegó en julio para Jerez: una juez decretó la suspensión de la intervención judicial de su lujosa casa veraniega en Pochomil Viejo, la cual había sido intervenida por el caso conocido como “la huaca”, el que contiene pruebas sobre la malversación de millones de dólares por el ex presidente Arnoldo Alemán y funcionarios de su Gobierno.

ALEMÁN EN CONVIVENCIA FAMILIAR PERO “PEGADO” EN PANAMÁ

El ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo tiene libre movilidad en el departamento de Managua, desde septiembre. Alemán consiguió que en el Juzgado Primero de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, a cargo de la juez Roxana Zapata, se tramitara desde julio un recurso en su favor para gozar del régimen de convivencia familiar, un beneficio que la ley otorga a los reos que padecen enfermedades crónicas.

Después de varios tirones entre los magistrados sandinistas y liberales del Tribunal de Apelaciones y de la Corte Suprema, Alemán pudo salir de su casa-hacienda El Chile, donde permanecía recluido.

Aunque el ex mandatario goza de este privilegio, en Apelaciones sigue pendiente el juicio principal por lavado de dinero, en el que fue condenado a 20 años de prisión. Esta sentencia condenatoria aún no ha sido revocada ni confirmada por Apelaciones.

Mientras en Nicaragua, Alemán ha “manejado” la justicia, en Panamá fue acusado de blanqueo de capitales. La audiencia preliminar no pudo realizarse en noviembre, como se esperaba, debido a la ausencia de los abogados de su familia que se declararon enfermos. La nueva fecha de la audiencia es el 30 de marzo del 2006.

Pero el juicio en Panamá contra la familia Alemán no es el único. En un Juzgado de Estados Unidos se tramita un juicio civil en el que se discute el destino de más de 700 mil dólares congelados por el Gobierno estadounidense bajo sospechas de que su origen está ligado a actividades de lavado de dinero.

Siete certificados de depósito congelados en el Terrabank de Coral Gables, valorados en 743 mil 469 dólares, se mantienen decomisados por orden del Juez Federal del Distrito Sur de la Florida, Federico Moreno.

La investigación realizada por la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, en la que se basa el juicio contra los Alemán en Estados Unidos, reveló que Byron Jerez y algunos de sus parientes aparecen como directores de varias empresas en Estados Unidos

Los certificados están a nombre de Alemán, sus hijos y familiares de la esposa de éste, María Fernanda Flores de Alemán.

DELITO ELECTORAL EN PICADA

El nuevo pacto entre el líder sandinista Daniel Ortega y el presidente Enrique Bolaños surtió significativos efectos legales en el juicio por delitos electorales que tramita el juez sandinista David Rojas.

En diciembre, Rojas dictó una sentencia favorable a todos los ministros de la administración de Bolaños señalados de usar fondos del Estado para financiar la campaña electoral del 2001. A lo largo del año los funcionarios estuvieron amenazados con la emisión de una sentencia de prisión.

El fallo favoreció al ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier; al de Educación, Miguel Ángel García; al viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo Horvilleur; a la directora del Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade), Vilma Rosa León York; al viceministro de Hacienda, Fausto Carcabelos; a la ex ministra de Salud, Mariángeles Argüello; al ministro del Ambiente, Arturo Harding, así como a Alejandro Ríos Castellón, David Robleto Lang y Leonardo Somarriba.

LA CORTE Y LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

Tras varios meses de tensión entre instituciones del Estado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el 30 de agosto una resolución que ratificó las enmiendas a la Constitución Política de Nicaragua y avaló la instauración de un sistema más parlamentarista.

Catorce de dieciséis magistrados liberales y sandinistas dictaron la sentencia que declaró válidas y vigentes las reformas constitucionales hechas por los diputados en enero, las que restaron facultades al Poder Ejecutivo.

La sentencia acentuó la crisis entre los poderes del Estado, porque de esa manera fueron ratificados los nombramientos de los funcionarios que ocuparían los nuevos cargos de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), situación a la que el presidente Bolaños se opuso. Con la aprobación de una Ley Marco, se destrabó la crisis y congelaron la aplicación de las reformas hasta en enero del 2007.

CON LA PLATA BAILA…

Cuando de dinero se trata, sandinistas y liberales convergen indistintamente de los colores políticos, sin problemas.

Los magistrados se pusieron de acuerdo, para que sus megasalarios se mantengan intactos, y mediante una sentencia detuvieron la ley aprobada en junio por el parlamento, que pretendía reducir los salarios a los funcionarios de mayor jerarquía en los poderes del Estado.

La Sala Constitucional de la CSJ dictó una sentencia que declaró inconstitucional la ley en cuestión y los funcionarios críticos del Poder Judicial se callaron.