Marcela Sánchez
Roman, Times, serif»>Desde Washington
Miami está cerrando puertas a potentados del crimen
Marcela Sánchez
Aquellos que crean estar por encima de la ley en América Latina tal vez encuentren a Miami un poco menos hospitalario por estos días. Tribunales federales en esa ciudad están demostrando una nueva disposición para enfrentar a infractores potentados cuyos crímenes pudieron haber ocurrido fuera de Estados Unidos pero que ya no pueden contar con la cultura permisiva de Miami o con su poder de influencia en casa para evadir la justicia.
El mes pasado, un jurado de un tribunal del distrito en Miami ordenó a Luis Álvarez Renta, un poderoso financiero dominicano y sobrino del diseñador Oscar de la Renta, pagar al gobierno de República Dominicana más de $176 millones de dólares por su papel en el colapso del tercer banco más grande del país, Baninter, en 2003.
En Miami los fiscales investigan también al ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en un tribunal federal por presunta malversación de millones de dólares del fisco haitiano. Asimismo, está pendiente el caso contra los magnates de pollo asado Juan Luis Bosch y Dionisio Gutiérrez. Los poderosos primos, cuyos restaurantes Pollo Campero son tan ubicuos como los Starbucks en este país, están acusados de desviar casi la mitad de las ganancias de la empresa a cuentas personales en bancos de Miami.
Abogados y profesores de derecho a lo largo de Estados Unidos y América Latina consideran que estos casos representan una alentadora nueva tendencia contra el crimen de cuello blanco. Hasta hace poco, jueces en Miami acostumbraban a rechazar casos de fraude financiero internacional sobre la base de que una corte estadounidense no tenía jurisdicción ni competencia para emitir un fallo, fortaleciendo así la reputación de Miami como un refugio para poderosos transgresores latinoamericanos.
Pero ahora cada vez más jueces, particularmente en Miami, aceptan casos internacionales, en parte debido a que la Ley Patriota y otras leyes antiterrorismo han expandido la jurisdicción de cortes estadounidenses. Michael W. Gordon, profesor de derecho de la Universidad de Florida lo llama “otro efecto adicional” de la guerra estadounidense contra el terrorismo. Afirmó que las fortalecidas y ampliadas leyes contra el lavado de activos aumentan el acceso a información bancaria.
Esas leyes, tradicionalmente utilizadas en casos de tráfico de drogas o terrorismo, también se aplican en los Estados Unidos contra ganancias de cualquier actividad criminal, incluido el fraude bancario o en impuestos. El impacto de estos cambios en litigios civiles apenas está empezando a conocerse.
Gordon también atribuye el aumento en el número de juicios a que existen más jueces bilingües en Miami que se sienten más cómodos con casos que requieren un entendimiento de sistemas legales en América Latina.
Algunos expertos legales arguyen que convertir a Miami —o para el caso cualquier otra ciudad estadounidense— en tribunal para América Latina es arriesgado. Advierten que entre más cortes estadounidenses acepten casos de violaciones cometidas al sur del Río Bravo, menos incentivos tendrán los países de la región para desarrollar sistemas legales viables. Pero para otros expertos en leyes en la región que han visto cómo el débil estado de derecho latinoamericano resulta impotente para enfrentar a los económica y políticamente poderosos, la justicia es justicia y el lugar donde se ejerza debe ser algo secundario.
Robert Amsterdam, un abogado canadiense que representa al tío de Bosch y Gutiérrez, Juan Arturo Gutiérrez, asegura que se sintió frustrado al intentar iniciar un caso contra los dos primos en Guatemala. Llevar a cabo el juicio en una corte de Estados Unidos, cree Amsterdam, envía un inequívoco mensaje de que no hay impunidad para nadie. Con eso, dijo, ya se está “a mitad de camino” en el fortalecimiento del estado de derecho en la región.
Se espera que el reciente veredicto contra Álvarez Renta ayude a apuntalar el caso criminal en curso en República Dominicana contra él y ex ejecutivos bancarios. Además, “abre las esperanzas” entre el dominicano promedio de que la justicia sí se puede impartir, así sea fuera de territorio dominicano, dijo el abogado dominicano Carlos Salcedo, quien representa al Banco Central del país en el caso de la crisis bancaria.
El veredicto fue el primero contra alguien implicado en el colapso del Baninter que desató una grave crisis financiera en la nación caribeña. También representó la primera vez que un estado latinoamericano se mostraba tan resuelto a llevar a la justicia a un miembro de su élite poderosa, que el caso siguió su curso incluso a pesar del cambio de gobierno entre dos presidentes de partidos opuestos.
Resulta evidente que los tribunales estadounidenses no reformarán los poderes judiciales latinoamericanos, los cuales figuran entre las instituciones menos confiables en encuestas de opinión en la región. Pero los tribunales, particularmente aquellos en Miami, podrían tener un impacto positivo en dichos sistemas más allá de lo que las leyes contra el terrorismo pretendían.
El mes pasado, un jurado de un tribunal del distrito en Miami ordenó a Luis Álvarez Renta, un poderoso financiero dominicano y sobrino del diseñador Oscar de la Renta, pagar al gobierno de República Dominicana más de $176 millones de dólares por su papel en el colapso del tercer banco más grande del país, Baninter, en 2003. En Miami los fiscales investigan también al ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en un tribunal federal por presunta malversación de millones de dólares de fisco haitiano.
