Daniel T. GriswoldAIPE
WASHINGTON.— Las leyes de inmigración de Estados Unidos necesitan desesperadamente ser reformadas. Tratar de hacer cumplir las actuales leyes ha sido un fracaso. Desde los años ochenta hemos quintuplicado el gasto y triplicado el personal en la frontera con México. Hemos construido muros en el desierto e impuesto sanciones a los patronos, pero medidas enérgicas y castigos no han enfocado las realidades del mercado de trabajo.
Una consecuencia no anticipada ha sido el cambio mortal de la inmigración de unas pocas ciudades fronterizas a regiones desoladas. Miles de inmigrantes ilegales que cruzan diariamente la frontera causan serios problemas a los propietarios de casas y haciendas en la zona fronteriza. Desde 1998, dos mil hombres, mujeres y niños han muerto de manera horrible por deshidratación o ahogados. Ése es un precio demasiado alto para conseguir un trabajo mejor remunerado.
La razón del fracaso de nuestras leyes es que chocan con dos realidades: la economía de EE.UU. sigue produciendo oportunidades de trabajo para gente sin entrenamiento, en sectores importantes como ventas, servicios, construcción y turismo. Al mismo tiempo, a medida que aumenta la edad promedio de la población y más gente recibe educación, disminuye el número de norteamericanos dispuestos a hacer esos trabajos manuales. Sin embargo, nuestro sistema inmigratorio no ofrece una manera legal para que gente trabajadora venga a este país a llenar temporalmente tales necesidades. El resultado es que se ha disparado la inmigración ilegal.
Los enemigos tradicionales de la inmigración exigen más de las mismas políticas fracasadas: más muros, más alambres de púas, divisiones enteras de soldados en la frontera y masiva deportación de indocumentados a un altísimo costo tanto económico como humano.
Una respuesta responsable sería reconocer la realidad creando programas temporales de trabajo y un camino hacia la legalización de los más de nueve millones de indocumentados actualmente viviendo en este país. Tanto Bush como Kerry apoyaron esa solución durante las últimas elecciones. Ahora el senador John McCain y los diputados Jake Flake y Jim Kolbe han introducido legislación con ese mismo propósito.
La legalización reemplazaría el peligroso, desordenado e ilegal flujo inmigratorio por uno ordenado, seguro y legal. En los años cincuenta confrontamos una situación parecida y la respuesta entonces fue el aumento dramático de visas temporales bajo el programa de braceros que resultó en la caída vertiginosa de indocumentados.
La legalización mejoraría la posición de millones de trabajadores, quienes entonces podrían exigir mejores salarios y mejores condiciones porque tendrían la opción de conseguir otro empleo. Tendrían acceso a seguros de enfermedades e invertirían mayor tiempo y esfuerzo en mejorar su inglés y en su entrenamiento para el trabajo. Los impuestos aportados por estos trabajadores legalizados financiarían lo que a los estados y municipalidades les cuestan en escuelas y asistencia médica. Debido a que inmigrantes documentados pueden ir de visita a sus países, tienden menos a traer sus familias y se inclinan más a regresar eventualmente a su patria.
Legalización no significa “amnistía”. Los trabajadores legalizados no obtendrían una estadía permanente ni la nacionalización; sólo una visa temporal y renovable. Tendrían que pagar una multa y, al igual que todos los demás, harían cola para conseguir su residencia permanente.
La legalización mejoraría también nuestra seguridad, al combatir el tráfico de indocumentados y la falsificación de documentos. Sacaría a millones de personas de las sombras, permitiéndonos saber quiénes son, al tiempo que permitiría transferir gente y recursos a la guerra contra el terrorismo.
El Congreso y el Presidente tienen la oportunidad de hacer de nuestro país una nación más justa, más segura y más próspera promulgando una verdadera reforma de inmigración.
El autor es director del Centro de Estudios de Política Comercial de Cato Institute.
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