Ricardo Guerrero [email protected]
En los últimos tiempos hemos sido testigos de una serie de acuerdos comerciales sin precedentes entre diferentes países del mundo. Los intentos de integración datan de la época de la independencia, cuando hubo importantes iniciativas de promoción de federaciones políticas, las de Centroamérica, por ejemplo, Gran Bretaña, Perú y Bolivia. Aunque el proyecto más ambicioso fue el de Simón Bolívar, quien concibió una América Latina unificada como el mejor camino para proteger la independencia recientemente conquistada en la región.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1950) tuvieron lugar profundas deliberaciones en América Latina sobre la importancia para el desarrollo, el comercio intrarregional y las posibilidades de establecer un mercado común latinoamericano.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estuvo a la carga en esta iniciativa. Esas deliberaciones evolucionaron hasta dar lugar a algunas iniciativas concretas históricas y ambiciosas en la década de los sesenta. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que en 1980 se convirtió en lo que hoy es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Aladi); el Mercado Común Centroamericano y el acuerdo de Cartagena más conocido en su época como el grupo Andino.
Pero, como todos sabemos, estas iniciativas no dejaron de suscitar ciertos logros, ninguna de ellas alcanzó plenamente sus ambiciosos objetivos. De hecho, todos esos acuerdos de los primeros años de posguerra perdieron impulso a fines de la década de los setenta y los ochenta.
Las principales transformaciones de las relaciones internacionales en los últimos años se derivan de los siguientes hechos fundamentales: el fin de la guerra fría, la extensión y profundización del fenómeno de la globalización, el replanteamiento del rol del Estado y la consolidación de espacios económicos regionales. Ante estos cambios, todos los gobiernos han tomado medidas de gran alcance para ampliar el papel de la empresa privada en la actividad económica.
Esta estrategia ha conducido a la aplicación de reformas económicas y programas de ajustes estructurales destinados a estabilizar las economías y facilitar la inserción más dinámica en el ámbito mundial, superando así la etapa de sustitución de las importaciones.
Un objetivo importante de esta estrategia, aseguraba un reconocido economista nacional, es la utilización de los mercados mundiales, de esta manera se convierten los intercambios exteriores en uno de los elementos centrales de la liberalización.
Azucena Castillo, quien hasta hace poco se desempeñaba como titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), ha dicho que la integración regional y los tratados de libre comercio no son un fin en sí mismo, sino un instrumento de respaldo de una estrategia de crecimiento y desarrollo económico. En ese contexto, el nuevo proceso de integración regional es un componente de reforma estructural encaminado a hacer que nuestras economías sean más abiertas, se basen en mayor medida en el mercado, sean más equitativas desde el punto de vista social y democrático y a escala internacional sean más competitivas en una economía mundial en proceso de globalización.
Naturalmente subsisten muchos desafíos para los países involucrados, no se debe olvidar que se trata de un esfuerzo integral y por lo tanto se deben conjugar diferentes intereses. La determinación política que orienta este proceso será la piedra fundamental para que se adopte un enfoque suficientemente amplio como para lograr un acuerdo que refleje un genuino equilibrio de intereses con respecto a un acceso al mercado seguro y amplio entre un grupo de países con niveles de desarrollo y ventajas comparativas muy heterogéneas.
El sector privado también debe trabajar con los gobiernos para asegurar que los agentes decisores de las políticas públicas dispongan de la mayor información posible acerca del potencial impacto, oportunidades y costos del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), el cual se ratificó hace pocas semanas y está previsto a entrar en vigencia el próximo primero de enero.
El autor es periodista.
