Cuatro jueces a la guillotina

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Cuatro jueces a la guillotina

	Comisión investigadora limpia a magistrados y pide destituir a jueces que dejaron salir más de US$600 mil
	Corte Plena en desacuerdo, porque algunos magistrados piden sanción para Rogers Camilo Argüello

Mirna Velásquez Sevilla
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que desde ayer está en sesión de Corte Plena, analiza las recomendaciones que, mediante un proyecto de resolución, propone una comisión investigadora sobre la sustracción ilegal de 609 mil dólares de una cuenta bancaria de ese Poder del Estado.

La Dirección de Prensa de la Corte informó que los 16 magistrados que integran la Corte Plena se tomarán varios días para analizar el tema, considerado como el más escandaloso caso de corrupción que envuelve al Poder Judicial.

Fuentes cercanas a las investigaciones detallaron a LA PRENSA, que todo el peso de la ley recaerá sobre jueces y notarios y exonerará de responsabilidades a algunos magistrados que han sido mencionados en la operación fraudulenta.

Otra fuente judicial aseguró que la discusión en la Corte Plena está “al rojo vivo” porque algunos están a favor de amonestar al magistrado Rogers Camilo Argüello y otros se oponen.

En agosto pasado, más de 609 mil dólares fueron sustraídos ilegalmente de las arcas de la CSJ. El dinero había sido incautado a Jorge Eliécer Hernández González, también conocido como Luis Ángel González Largo, procesado por lavado de dinero y condenado a diez años de prisión. Se sospecha que el dinero procedía del narcotráfico.

El dinero fue “liberado” pese a la falta de una sentencia firme para el reo González Largo, lo cual constituye una de las principales ilegalidades del caso.

LOS SANCIONADOS

Según el proyecto de resolución de la comisión, conformada por los magistrados Manuel Martínez presidente de la Corte, Edgard Navas, Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar, se aplican sanciones contra los jueces suplentes Julissa Carolina Bonilla, Julio Morales, Moisés Rodríguez Zelaya y Benjamín Arriaza Larios, además de los abogados Israel Zelaya y Astrid Berenice Bracamonte, esta última sancionada con cinco años de suspensión de su profesión.

El proyecto de sentencia aún no está firme y la última palabra del caso la tendrá la Corte Plena, a la que le recomiendan retirar del cargo a los jueces Bonilla, Morales, Rodríguez y Arriaza más la suspensión del ejercicio de su carrera de abogados durante cinco años.

En el caso del juez Arriaza Larios recomiendan la suspensión por un año y se le retira del cargo de juez suplente.

Arriaza elaboró un informe asegurando que el reo y su novia Leyla Bucardo fueron detenidos en el parque de San Marcos y no en Managua, como asegura la Policía.

Esta afirmación es, de acuerdo con el proyecto de resolución, una irregularidad, porque Arriaza no debió estampar información que carece de soporte.

En tanto, a Rodríguez, Juez suplente Cuarto Local Penal, se le sanciona por haberse extralimitado en sus funciones al ordenar la liberación del dinero, sabiendo que el reo González y su novia, Leyla Bucardo, también procesada por el mismo delito, tenían otro juicio pendiente que era objeto de apelación.

Rodríguez fue nombrado juez ejecutor para averiguar sobre la supuesta detención ilegal que reclamaban los reos en cuestión y elaboró un informe basado en un recurso de exhibición personal, en el que ordenó la libertad de ambos reos dando crédito a la afirmación de que habían sido enjuiciados por un tribunal incompetente.

Rodríguez mandó a devolver los bienes de los reos y basado en esta sentencia, el juez Julio Morales giró las órdenes de libertad y la liberación del dinero.

PODERES SON FALSOS

Los más severos señalamientos hechos por los magistrados son para la Juez suplente Penal de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla. Las averiguaciones determinaron que, actuando en su calidad de notario, falsificó cuatro poderes y no firmó sus protocolos anteriores.

Conforme el documento, la actuación de la juez Bonilla se agrava al comprobarse que nunca estuvo en los centros penitenciarios La Esperanza y la Modelo, como plasmó en dos poderes generalísimos que ella elaboró a nombre de los reos.

Estos poderes le permitieron a Sergio Ramón Meléndez Aguilar retirar el dinero del Banco de la Producción (Banpro). Después de confirmarse con el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) que Bonilla no estuvo en ambos centros y que, por ende, los reos no firmaron los poderes, los magistrados concluyeron que están plagados de falsedad.

Otro de los señalamientos para la juez es que ocultó información a la comisión investigadora, porque no presentó los folios (páginas) 40 y 41 de su protocolo, como se le ordenó para ampliar las investigaciones. También señalan que hay presunciones graves que reflejan la desobediencia de la juez, su desconocimiento de las leyes y la presunción de falsedad de los instrumentos públicos elaborados por ella.

Para el juez Julio Morales, la comisión determinó que no debió obedecer la orden del juez ejecutor Moisés Rodríguez Zelaya, de poner en libertad a los reos y la liberación del dinero.

La conclusión de los magistrados es que por la actuación del juez Morales, el presidente de la Corte incurrió en un error, al firmar el cheque de los 609 mil dólares, lo cual generó un ambiente de descrédito “de forma inmerecida sobre la imagen misma del Poder Judicial”.

Otro de los más “castigados” por la comisión o Consejo Nacional de Administración de la Carrera Judicial, es el abogado de Leyla Bucardo, Israel Zelaya Rivas.

El papel que Zelaya Rivas jugó en la trama es cuestionado, porque pretendió sorprender a la administración de justicia al continuar actuando para conseguir la libertad de González Largo, aún conociendo de su situación legal, es decir, sabiendo plenamente que existía una apelación de otro juicio.

La imagen de Zelaya empeoró ante los magistrados porque introdujo un escrito ante la Sala Constitucional, en nombre de Javier Antonio López Poveda, quien dijo ante la comisión que no lo conoce y nunca estuvo en las instalaciones de la Corte haciendo trámites.

De esto se desprende que Zelaya utilizó la identidad de Poveda para seguir “trabajando”. Los magistrados le llaman “impertinente” y valoran que los escritos que presentó a la Corte son falsos.

Finalmente, el proyecto ordena la restitución de los fondos, cuyo paradero es desconocido, y retirados por Meléndez Aguilar, bajo apariencia de legalidad. Así mismo se recomienda a la Fiscalía que ejerza la acción penal, es decir, que entable un juicio contra los responsables.

LIBRAN A ARGËELLO

Aunque la comisión investigadora de la CSJ reconoce en su proyecto de resolución que la actuación del magistrado Rogers Camilo Argüello es criticable, por haber mostrado el Libro de Votos a la notario Astrid Bracamonte sin que la sentencia haya estado concluida, señala que no existe responsabilidad qué reclamar al magistrado.