- Juez rechazó caso de narco-avioneta enterrada en Samaria
Mirna Velásquez [email protected]
Uno de los más sorprendentes y espectaculares casos de tráfico y comercialización internacional de cocaína, quedó archivado ayer.
La Juez Sexto Penal de Audiencia, Margarita Romero, rechazó la acusación que la Fiscalía presentó contra una de cuatro personas señaladas de participar en el caso conocido como “la narcoavioneta”.
La tarde de ayer, la juez Romero no admitió la acusación por financiamiento de estupefacientes y mandó a la Fiscalía a recabar más pruebas que sustenten el caso, porque, a su “leal saber y entender” no existen suficientes pruebas ni indicios racionales que demuestren la participación del acusado Juan José Aguilar Mojica en el caso.
La Fiscalía sostiene que Mojica Aguilar participó en la excavación del suelo de la finca El Pipián, ubicada en la comarca Samaria, en el suroeste de Managua, para ocultar una avioneta que transportaba cocaína y que forzosamente aterrizó por desperfectos mecánicos en julio pasado.
La decisión judicial fue tomada en la audiencia inicial programada por la juez contra Aguilar Mojica, uno de los cuatro acusados.
Aguilar Mojica, después de varios meses de ser buscado por las autoridades, se presentó voluntariamente al juzgado para someterse al juicio. Contra este hombre pendía una orden de arresto.
El fiscal designado para el caso, Javier Morazán Chavarría, calificó de “sospechosa” la situación, dado que después del hallazgo de la nave enterrada, Aguilar Mojica desapareció por completo de su casa, y la Policía no lo pudo encontrar pese a la intensa búsqueda.
“Es extraño para nosotros que en estos últimos días (el acusado) se haya estado viniendo a presentar voluntariamente ante la juez y que ella, habiendo una orden de captura, en vez de tratar de hacerla efectiva, programó la audiencia y luego rechazó la acusación, a pesar de que ahí se decía claramente que él (Aguilar Mojica) personalmente procedió a enterrar la avioneta”, manifestó el fiscal Morazán.
La juez respondió a esta afirmación, que la Fiscalía estaba enterada de la disposición del acusado para someterse al juicio y dijo que lo extraño es que la Policía no haya actuado habiendo una orden de arresto desde hace meses y sabiéndose que el acusado se había estado presentando voluntariamente ante el juzgado.
Expresó que ella no tenía la obligación de dar parte a la Policía sobre la presencia de Aguilar Mojica en el juzgado cuando estaba vigente la orden de arresto, porque ya habían sido notificados.
Conforme la acusación, el 9 de julio pasado, el acusado Aguilar Mojica maniobró una retroexcavadora color amarillo, marca Jhon Deere, modelo 710C turbo, con el fin de ocultar y facilitar la actividad ilícita de otros tres acusados y utilizó la misma máquina para terminar de afinar la pista rústica de 1,000 metros cuadrados en que aterrizó la nave, la cual fue enterrada ante el desperfecto que sufrió.
“¿Solamente el acusado personalmente cavó y la enterró (la avioneta)?, para mí eso no está claro”, dijo la juez.
Romero revocó la orden de captura que antes decretó contra Aguilar Mojica, pero también aclaró que aún sigue vigente la misma orden para Samuel Gutiérrez Lozano, mexicano; Freddy Luis Arango Cruz, nicaragüense y Fernando Joaquín Tapia Vanegas, nicaragüense, también acusados y buscados por las autoridades.
Este caso está relacionado con el hallazgo de otras pistas de aterrizaje clandestinas, una de ellas situada en La Trinidad, Estelí, presumiblemente utilizada para hacer transacciones de droga. El corresponsal de LA PRENSA, Adolfo Olivas Olivas, asesinado el 14 de agosto pasado, estaba investigando el caso y en varias ocasiones se comunicó telefónicamente con Samuel Gutiérrez Lozano, tildado como cabeza de las operaciones de los narcotraficantes en el área.
MÁS INDICIOS
La retroexcavadora fue encontrada por la Policía en manos de Reynaldo Antonio Obando, sobrino de Aguilar, quien declaró al momento de las investigaciones, que alguien desconocido llegó a la medianoche a pedirle que guardara la máquina, a lo que él accedió.
La juez valoró que no son suficientes las declaraciones de las testigos Yelba del Socorro Selva Doña y Gladis Azucena Obando Selva, que reconocen a Aguilar como la persona que manejaba un tractor en la misma finca donde se construyó la pista de aterrizaje.
“Cuál es la participación del acusado? ¿quién lo miró? ¿quién me puede decir que efectivamente esta persona participó en este hecho?”, cuestionó la judicial.
Para la juez existe una contradicción entre las dos testigos, porque cada una refiere un color distinto del tractor en el cual vieron trabajar a Aguilar Mojica en la construcción de la pista.
“Según mi leal saber y entender, si me dicen que a esta persona la miraron manejando una retroexcavadora, yo considero que no hay elementos suficientes de prueba”, alegó.
Romero criticó a la Fiscalía y a la Policía de culpar al juez de este tipo de resoluciones, pues a su juicio, ambas instituciones no han velado correctamente por la aplicación de la ley penal.
