María José Uriarte [email protected]
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Preocupación internacional por posibles inhibiciones
María José Uriarte R.
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El llamado Acuerdo de Lima, formado por organizaciones cívicas de observación electoral de 16 países de América Latina, destacó en un comunicado su preocupación en torno a cuatro aspectos que pueden dar paso a deslegitimar las elecciones nacionales del 2006 en Nicaragua.
Llaman a que haya cero inhibiciones, financiamiento electoral transparente, pleno acceso a la observación electoral y depuración del Padrón Electoral.
Según el Acuerdo de Lima, éstos factores deben enmarcarse en los estándares necesarios que garanticen unos comicios limpios, libres y justos.
La posibilidad de inhibiciones que ronda a candidatos como Herty Lewites y Eduardo Montealegre, dadas las diferencias que tienen con los dirigentes de sus antiguos partidos políticos, es uno de los puntos que consideran debe ser superado mediante la ratificación de un acuerdo entre todos los aspirantes a la primer magistratura del país.
“Dados los indicios de inhibiciones fraudulentas y contra campañas que amenazan a ciertos candidatos, y que atentan contra una limpia competencia electoral, en nuestra opinión, sería significativo el suscribir un compromiso ético entre los diferentes actores políticos, que procure un voto informado en la ciudadanía sobre la base de una contienda libre de ataques y manipulaciones”, expresa parte del comunicado del Acuerdo de Lima.
Roberto Courtney, de Ética y Transparencia, dijo que en lo que respecta a las inhibiciones, el Poder Electoral manifestó claramente que sólo se puede impedir que un candidato participe de la contienda, si tiene una sentencia firme del último tribunal, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que suspendan sus derechos.
“Eso significa en Nicaragua, que tendrían que agarrar a Montealegre y Lewites y pegarles una procesada hasta sacarlo por el otro lado (CSJ) en menos de un año. Eso no se puede hacer sin obviamente mostrar aún más el hecho de que estás con una manipulación política”, indicó Courtney.
Añadió que en ese sentido, les corresponde a las organizaciones políticas de los aspirantes inhibidos, si proceden a reemplazar candidatos a como se hizo anteriormente, lo que implicaría que los mismos partidos afectados legitimarían el accionar del Estado o se declaran en una especie de rebeldía “ante las reglas del juego y los árbitros”.
FINANCIAMIENTO TRANSPARENTE
Otro tema que señala el Acuerdo de Lima, es que para que la contienda electoral sea transparente, es necesario contar con un marco regulatorio que establezca reglas claras sobre el financiamiento a los partidos políticos, y determine el carácter público de esa información, por ser de interés para los ciudadanos.
Para ello, sugiere que se fortalezca un adecuado control sobre los montos y las fuentes de financiamiento que reciben las organizaciones políticas y los candidatos durante las contiendas electorales.
Asimismo, urge la actualización del Padrón Electoral de parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), ante los márgenes de error estimados del mismo, que califican de altos, y que oscilarían en más de 80 mil ciudadanos. Otras fuentes, que citan al Poder Electoral, hablan de un margen de error en el padrón electoral, superior al medio millón de electores.
Como cuarto elemento, se refieren a la necesidad de asegurar el acceso y las facilidades pertinentes a los observadores nacionales e internacionales, que facilite su labor de observación a lo largo de todo el proceso electoral.
El Acuerdo de Lima es una red Continental de Promoción y Defensa de la Democracia, conformada por organizaciones de 16 países de América Latina y el Caribe, en su mayoría, con reconocidas trayectorias como observadores electorales nacionales.
Agregan que seguirán de cerca el curso del proceso electoral nicaragüense, al mismo tiempo que promoverán la construcción de una opinión pública calificada sobre Nicaragua.
