- Inician en el Parlamento consultas sobre propuesta de ley
Mario José Moncada [email protected]
Sectores productivos, ambientalistas y el Gobierno iniciaron ayer en el seno de la Asamblea Nacional a buscar el consenso en torno a un proyecto de Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados, en especial de cara a la entrada en vigencia de acuerdos comerciales como el firmado por Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
Para los gremios como la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), según explicó su presidente, Manuel Álvarez, es importante “no cerrar totalmente las puertas” a la biotecnología, lo que a su juicio pretende el proyecto presentado en junio por un grupo de organizaciones, entre ellos el ambientalista Centro Humboldt.
Para Álvarez, la biotecnología, es decir el mejoramiento de los cultivos, ha permitido a países como Estados Unidos aumentar los rendimientos productivos, obteniendo hasta 120 quintales de sorgo por manzana mientras Nicaragua logra 46.
Añadió que hasta ahora no existen pruebas contundentes sobre los daños para la salud humana de los organismos genéticamente modificados, es decir a los que se les han introducido gene de otra especie.
“Estamos de acuerdo en que se debe limitar y ejercer un control sobre la biotecnología y los organismos genéticamente modificados, pero no como pretende el Centro Humboldt, de cerrar totalmente las puertas a estos avances de la ciencia que nos permiten mejorar nuestros cultivos”, dijo Álvarez.
Sin embargo, el representante del Centro Humboldt, Julio Sánchez, consideró que “se ha mal interpretado el proyecto de ley”, ya que aseguró no prohíbe ni restringe el uso de la biotecnología sino que plantea normas de control y de regulación para proteger la biodiversidad originaria de Nicaragua frente a cualquier agente que haya sido modificado genéticamente.
“No podemos negar que algunos dicen que esta tecnología trae beneficios, pero existen riesgo para la salud y el medio ambiente”, sostuvo aunque no citó casos concretos.
Insistió en que el proyecto de ley prevé establecer un marco regulatorio para todas las actividades vinculadas a los organismos modificados genéticamente, entre las que se destacan la investigación o ensayo, experimentación, introducción, liberación, movilización, transporte, producción, comercialización, almacenamiento e incluso su movimiento transfronterizo.
Otros como el director general del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Noel Pallais, apuestan por efectivamente ejercer un control y normas sobre la biotecnología, para proteger la biodiversidad nacional y a la vez ser competitivos desde el punto de vista de la producción.
“Todos estamos concentrados en tres ejes: preservar la biodiversidad nicaragüense, proteger la salud de los nicaragüenses, sin olvidarnos de mejorar nuestra productividad”, indicó.
Pallais dijo que los gremios, los ambientalistas y el Gobierno, en coordinación con universidades, buscarán un consenso en torno a una Ley de Biodiversidad, que deberá ser dictaminada por la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar del Parlamento.
El director del INTA refirió que, por lo tanto, están trabajando con universidades como la Nacional Agraria (UNA), la Centroamericana (UCA) y la Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León); gremios conformados por los productores avícolas, los arroceros, y los agricultores y ganaderos; y con ministerios como el Agropecuario y Forestal (Magfor) y el del Ambiente (Marena).
PARLACEN ATENTO
Julio Sánchez, representante del Centro Humboldt, recordó que recientemente el Parlamento Centroamericano (Parlacen) se pronunció a favor de “la creación de marcos de bioseguridad en todos los países de la región”, en especial debido a la apertura de los mercados y las economías mundiales, que facilitan el tránsito de productos y mercancías.
