El juicio fallido de los militares

II ENTREGA
El abogado Daniel Olivas Zúñiga estaba en su oficina ordenando unos documentos que presentaría en el caso que recién acababa de admitir el sistema judicial. Habían pasado seis meses desde la muerte a tiros del adolescente Jean Paul Genie Lacayo, una noche oscura de octubre de 1990 en Carretera a Masaya.

El teléfono sonó, y el jurista levantó el auricular con desganó, pues la llamada lo desconcentró en lo que estaba haciendo.

-¿Aló? ¿Quién habla?

-Buenos días. ¿Usted es el abogado que lleva el caso del muchacho Genie?

-Sí, ¿quién habla ahí?

-Mire, yo tengo un señor aquí que miró todo el asunto y quiero presentárselo a ustedes para que jodan a esos sandinistas asesinos.

“Después de ese día, recibí llamadas diarias de gente que me decía conocer a alguien que había visto todo. Una vez aceptamos entrevistar a uno de ellos y lo vimos sospechoso. Después descubrimos que trabajaba para un señor sandinista que tenía una casa en Carretera Sur. Lo querían infiltrar en el juicio para viciarnos la acusación”, dice el señor Olivas, quien fue el abogado acusador de la familia Genie Lacayo, en el juicio que libró en la vía civil y posteriormente por el fuero militar, contra ocho escoltas del general Humberto Ortega Saavedra, quien también fue incluido en el juicio como cómplice por la muerte del joven Genie.

MUERTE “ACCIDENTAL”

“Cuando ocurre el suceso nos sobran informantes: todo el mundo vio las patrullas del Ejército, las caravanas, las armas y hasta una luz de bengala sobre la carretera a Masaya. Después que matan al oficial de policía que estaba investigando el caso, todos los que habían dicho algo importante, de pronto cambiaron sus versiones y se olvidaron de todo. No era por miedo, era por terror”, recuerda el abogado Olivas, en referencia a la muerte del oficial Mauricio Aguilar Somarriba.

Según la madre del policía muerto, Lilliam Somarriba de Aguilar, su hijo se desempeñaba como Segundo Jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional y estaba dentro del equipo de investigadores policiales del caso Genie.

La señora declaró en el juicio contra los escoltas, que su hijo le había comentado días antes que lo mataran, que había estado en la escena del crimen del joven Genie la noche del 28 de octubre de 1990 y por eso investigaba a gente del Ejército.

A Mauricio Aguilar lo mató de un balazo en el corazón, la noche del 10 de noviembre de ese mismo año, su subalterno el teniente Harold Meza Flores, dentro de una patrulla policial.

La alta jefatura de la Policía, a cuyo mando estaba René Vivas Lugo, negó que el policía fallecido estuviera involucrado en el caso y anunció que todo se debía a un accidente por el cual condenaron a tres años de prisión a Meza. El viceministro de Gobernación, José Pallais desmintió a Vivas y confirmó la participación de Aguilar en el caso.

UN “GARGANTA PROFUNDA”

Boanerges Ojeda tenía tres días de fungir como Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua. El 3 de junio de 1991 se presentó a la oficina de Ojeda el entonces procurador general de Justicia, Duilio Baltodano, a denunciar la muerte de Jean Paul Genie y delegó a la procuradora Alicia Duarte en el caso.

De pronto, Ojeda tenía en sus manos un caso que había estado ardiendo en los últimos meses en los medios de comunicación y que tenía como “ojo del huracán” al propio general del Ejército Popular Sandinista, Humberto Ortega Saavedra, y a ocho de sus escoltas: Danilo Chacón Rivas, Danilo Matus Romero, Alejandro César López, Julio César Cruz Berroterán, José Leónidas Guido Peña, José Marino Medina Álvarez, Arnoldo Enrique Morales Montes y José Ángel Velásquez Roque.

“Mi juzgado era un órgano de investigación, complementando el papel de la Policía Nacional y lo que se manejó siempre en los medios de información. Hasta hubo una versión sui generis nicaragüense del Garganta Profunda del Nuevo Diario, que hablaba de otras razones por la muerte del muchacho (narcos)”, recuerda Ojeda quien al igual que el abogado de la familia Genie Lacayo, recibió presiones del alto mando militar y críticas desde los medios de comunicación.

Las versiones periodísticas apuntaban siempre a las caravanas del ese entonces general del Ejército, Humberto Ortega, y sus escoltas, pero la Procuraduría no se atrevió a interponer denuncia en contra de ellos, simplemente denunció los hechos para que el juzgado investigara y así lo hizo Ojeda durante más de un año: del 2 de junio de 1991 al 2 de julio de 1992.

Durante ese período, recuerda Ojeda, se citó varias veces al ahora general retirado, pero nunca asistió a pesar de no gozar de inmunidad. “Una vez acordamos con la oficina de Relaciones Públicas una entrevista para tomarle la declaración al general, pero estuvimos ahí media hora y salvo la recepcionista, nadie más nos atendió. No volví a citarlo”, cuenta Ojeda.

NEGLIGENCIA O MALA VOLUNTAD

Relata el ex juez que dictó una resolución donde, por estar vigente un Decreto de Ley establecido en los recién pasados años de guerra de la década de los ochenta, transfería el caso a la jurisdicción militar.

“Yo en ese momento consideré que tomar una declaración del señor Ortega era innecesaria porque habíamos tomado declaraciones a otros militares, incluyendo el actual jefe del Ejército, y que en aquel entonces era jefe de Contrainteligencia, Omar Halleslevens y habíamos visto que pocos elementos nuevos se iban a arrojar en la declaración, porque la mayoría de los documentos que podían hacer constar sobre las entradas y salidas de los escoltas y el control del armamento que posiblemente había estado involucrado y que se hubiera determinado con balística y todo eso, ya a esas alturas por negligencia o de forma intencional, habían sido eliminados”, evoca Ojeda, quien coincide con la parte acusadora en algo que en aquellos años se vio a todas luces: “Todo mundo tenía miedo”.

El ex Juez Séptimo de Distrito del Crimen recuerda que no era un juez especial para el caso, y que aparte del caso Genie que le consumía todo el tiempo, tenía acumulado cientos de casos más que estaban siendo afectados con retardación por un solo caso que tras un año, ya no daba para más.

“Lo que sí sé es que no se preservaron las posibles pruebas en este caso. Pienso que hubo negligencia de parte de la Policía Nacional porque no logró incidir en la preservación y a mi parecer el Ejército tampoco colaboró lo suficiente. Ni la Policía presionó lo suficiente o el Ejército se cerró totalmente a la investigación”, opina Ojeda, con la cabeza fría y la memoria caliente, 15 años después de ver aquel caso.

Si bien su acción no llegó hasta acusar a los sospechosos de la muerte del joven Genie, su resolución logró exponer la parcialidad de la justicia militar al mandar a Auditoría del Ejército el expediente donde él estableció indicios de un crimen y le puso nombres y apellidos a los sospechosos.

“Mi resolución fue que hubo presunción, que debía mandarse el caso a Auditoría Militar, tener por indiciado a los escoltas y al general también procesarlo por encubridor. El proceso pasó por apelación, a casación, agotó todas las instancias y después llegó a Auditoría donde absolvieron a los indiciados”, se acuerda.

Tal resolución le generó una lluvia de críticas desde varias vías: los sectores que esperaban una acción más drástica contra los escoltas y el general, y las llamadas fuertes de altos mandos del Ejército, que le increpaban sin amabilidad: “¿Qué te pasa? ¿Por qué fallaste así? ¿Qué pensás que estás haciendo?”.

MOLESTIAS POLICIALES Y AMENAZAS A TESTIGOS

El traslado del caso de un fuero ordinario a uno militar, a ejecutarse en instalaciones militares, con jueces y fiscales del Ejército, para enjuiciar a ocho escoltas del máximo jefe del cuerpo castrense nicaragüense, fue a juicio de la familia Genie Lacayo, una causa perdida de entrada.

El abogado Daniel Olivas Zúñiga, acusador en nombre de la familia de la víctima, apeló la decisión en los Tribunales de Apelación de la III Región. La causa se falló a favor de los militares y entonces recurrió de casación ante la Corte Suprema de Justicia que ratificó el juicio militar en diciembre de 1993.

Un año después, en 1994, Auditoría Militar absolvió a los indiciados y aunque la familia de la víctima agotó todas las instancias legales y apeló ante la Comandancia del Ejército, no volvió a escuchar más respuestas, a pesar que todavía hoy sigue introducido en la Corte Suprema de Justicia un recurso de Apelación Ad-Perpetuo que pide reabrir el caso en el momento que se aporten nuevas pruebas.

“En aquellos años nadie atendió la acción de la justicia. La Policía más bien parecía molesta cuando alguien le daba información: le preguntaban de todo pero de mal modo, como diciéndole callate a los testigos. Claro, la gente al ver a los policías molestos, mejor se iban por temor o después se olvidaban de todo”, dice Olivas quien no olvida un incidente con un testigo que al inicio se había puesto a la orden.

“Hubo un señor testigo al que llamaron para decirle que recordara que él circulaba de noche por carretera a Masaya. El hombre se borró del mapa y del juicio. Vendió la propiedad que tenía en Carretera a Masaya y se fue del país, no lo volvimos a ver”, comenta Olivas quien, 15 años después del crimen, sostiene una hipótesis de la muerte de Genie Lacayo.

“Yo me imagino que el muchacho iba jugando con otro amigo que adelantó a la caravana. Supongo que el jefe de la custodia debe haber alertado a los escoltas de que otro vehículo venía atrás y que podía darse una emboscada de la siguiente manera: el carro de adelante se detenía y paraba la caravana y el que venía atrás se ponía a la par de donde venía el general y disparaba”.

“Bajo esa lógica, digo yo, ametrallan al muchacho y lanzan una luz de bengala para alertar a los que están en el complejo, a que abran las puertas de emergencia y estén listos. Cuando acaban al muchacho y lo rematan, y se dan cuenta que no era peligroso, disparan otra bengala para cambiar la alerta y se van”, especula, 15 años después, Olivas.
José Adán Silva