María José Uriarte [email protected]
La llamada Coordinadora Civil demandó ayer discutir en el diálogo nacional, las leyes económicas necesarias para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de la reforma presupuestaria del 2005, el Código Tributario, el presupuesto del 2006 y una reforma a la Ley de Bancos.
El Ejecutivo ha planteado que es prioridad la aprobación de esas leyes, para evitar un descarrilamiento del programa del FMI.
Violeta Delgado, de la Coordinadora Civil, piensa que por la trascendencia de las mismas, tales leyes no se pueden aprobar de forma inconsulta.
“De lo contrario vamos a estar en una discusión política en el diálogo (por un lado), y en la Asamblea Nacional (por el otro)”, explicó Delgado.
Añadió que de ser así, la sociedad civil no tendría participación en una negocación trilateral entre el Gobierno, el FSLN y el PLC.
Delgado propone dos alternativas: que se inicie la discusión de forma paralela en dos mesas, la política-jurídica y la económica-social, para que los legisladores escuchen a la sociedad civil, en el diálogo.
Una segunda opción, indicó Delgado, es que se les escuche en las comisiones legislativas que dictaminan dichas leyes.
LA DEUDA INTERNA
Sin embargo, reiteró que lo primero es que se les den a conocer las condiciones del FMI, las que, manifestó, han “recibido de cucharadas”.
El pago de la deuda interna es uno de los aspectos que la Coordinadora Civil sugiere analizar y para ello iniciarán un proceso de recolección de firmas para presentar una iniciativa de ley que permita reglamentar el pago de la misma, la cual consideran ilegal al no existir ningún marco jurídico que defina cómo asumirla.
AMPLIAR PLAZO
La iniciativa incluye que se amplíe el plazo de pago de la deuda interna a 30 años y con intereses más bajos, para poder reorientar recursos que cubran el déficit presupuestario, además de asignar a sectores como Salud o Educación.
Georgina Muñoz apuntó que de acuerdo a los estudios que han realizado, de reorientarse recursos, se puede disponer de unos 500 millones de córdobas para cubrir las necesidades de los sectores mencionados.
La Contraloría, en meses pasados, cuestionó la legalidad de bonos de deuda interna emitidos anteriormente.
