Amparo Aguilera yMirna Velá[email protected]
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CSJ no recibirá ni el 4% del presupuesto 2006
Amparo Aguilera y
Mirna Velásquez
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El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Mario Arana, argumentó las razones de por qué el Gobierno no otorgará la asignación constitucional del 4 por ciento, que demanda la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tras la presentación del proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2006 ante el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), Arana aclaró que con la nueva metodología presupuestaria, que incluye pagos a la deuda interna y externa, otorgar una partida, en este caso “constitucional”, en base a gastos “es inmanejable”.
“Nosotros ya dimos más de ciento y tanto millones de córdobas a la CSJ, y sólo hay seis instituciones con ese tipo de ajustes, y no podemos otorgar más porque el problema de la nueva metodología es que toma en cuenta los pagos a las deudas (del Estado)… entonces ponernos a estimar asignaciones sobre ese monto, no tiene sentido, nunca lo habíamos hecho en el pasado y no creemos que podemos darnos ese lujo ahorita, yo sugeriría que revisemos (la asignación) hacia el largo plazo”, reiteró.
RESOLUCIÓN EN CAMINO
El proyecto de Ley Anual del Presupuesto 2006, destina a la CSJ 759.1 millones de córdobas. Es decir más de 77.8 millones de córdobas en relación al 2005 en que se presupuestó para el Poder Judicial 681.3 millones de córdobas.
“(Porque) obviamente (los 759.1 millones asignados) es una cantidad muy pequeña, incluso menor que el 4 por ciento constitucional, lo cual es una barbaridad”, dijo el vicepresidente de la CSJ, magistrado Rafael Solís.
Solís incluso advirtió que van a “pelear” por la asignación. Incluso anunció que en los próximos días estará notificando al Presidente Enrique Bolaños y al presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, una resolución de la Sala Constitucional indicando que el 4 por ciento se debe calcular sobre los ingresos y egresos del presupuesto.
La resolución a la que se refiere Solís tiene que ver con un recurso por inconstitucionalidad que un grupo de jueces interpuso en contra del Presidente Bolaños y del ministro de Hacienda, a comienzos del año, porque no se asignó al Poder Judicial lo que les correspondía de la asignación constitucional.
