Josué BravoCORRESPONSAL/ COSTA RICA
El Congreso costarricense aprobó en primer debate el proyecto de Ley de Migración que castiga con multas económicas a quien brinde empleo, albergue o encubra a un extranjero indocumentado, pero que a la vez castiga con cárcel el tráfico ilegal de personas.
El expediente 14,269 que corresponde a la nueva propuesta de Ley General de Migración y Extranjería, fue aprobado con el respaldo de 38 de los 43 diputados que estaban presentes en el plenario, quedando a la espera de que sea ratificado en segundo debate este jueves por la tarde, según informó el presidente del Congreso, Gerardo González.
Esta ley había sido aprobada en primer debate el siete de junio anterior, pero la Sala Cuarta Constitucional objetó el artículo 67 que permitía regular el matrimonio por conveniencia entre un extranjero y un costarricense.
Una vez que los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración eliminaron ese artículo, el proyecto comenzó nuevamente su proceso para ser aprobado en dos debates.
Para el director de Migración y Extranjería, Johnny Marín Artavia, esta ley establece el marco jurídico necesario para regular la inmigración a Costa Rica, sobre todo porque permite controlar a los patronos que contratan mano de obra ilegal y que por lo tanto evaden cargas sociales.
El funcionario de Migración destacó que con esta ley el país contará con instrumentos jurídicos para castigar con una pena que va de dos a seis años de cárcel el tráfico ilegal de extranjeros, sanción que podría elevarse a dos años más si participa un funcionario público o cuando se utilicen menores para cometer “coyotaje”.
Una de las críticas de esta ley es la diputada del Partido Acción Ciudadana, Epsy Campbell, quien votó en contra por considerarla “policíaca y represiva”, aduciendo que no ayudará a solucionar un problema que va más allá de penas y castigos.
Campbell mencionó el artículo que ofrece una multa de uno a cinco salarios a personas y empresas que den alojamiento a ilegales en el país, quedando inmune de este castigo quien lo haga por razones humanitarias y sin fines de lucro.
Entre otras cosas, esta ley también sanciona con multa de dos a 12 salarios a las personas y empresas que den trabajo a indocumentados, permite el ingreso al país de los trabajadores transfronterizos con papeles en regla, impide la entrada al país de extranjeros condenados por delitos sexuales, explotación de menores, homicidio, genocidio y evasión fiscal, entre otros.
