- El ex superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero, y demás ex intendentes siguen escondidos
Jorge Loáisiga [email protected]
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CGR auditará período de Sisep
| El ex superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero, y demás ex intendentes siguen escondidos |
Jorge Loáisiga Mayorga
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La Contraloría General de la República (CGR) realizará una auditoría a la suspendida Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), que cesó en sus funciones con la aprobación de la Ley Marco, pactada entre el presidente Enrique Bolaños y el secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, para postergar hasta el 2007 la entrada en vigencia de las reformas constitucionales que le restan facultades al Poder Ejecutivo.
El anuncio de la auditoría a la Sisep lo hizo ayer el contralor sandinista Luis Ángel Montenegro, en conferencia de prensa.
LA PRENSA intentó conocer una versión del ex superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero, pero éste no respondió en ninguno de sus dos números de teléfonos móviles.
Hasta este momento se desconocen los montos de dinero que manejó la Superintendencia de Servicios Públicos, cuánto dinero ingresó a sus arcas en concepto de pago de los operadores de servicios telefónicos, energía eléctrica y agua.
NADA DE LIQUIDACIONES
“La Contraloría está alertando a las autoridades de la Sisep en el sentido de que no haya liquidaciones especiales a funcionarios y empleados de esa institución, dado que de conformidad con la ley hay que actuar en concordancia con la misma. Adicionalmente a eso se ha ordenado practicar una auditoría en el INE (Instituto Nicaragüense de Energía), Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos) INAA (Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados), por un año”, aseguró Montenegro.
De acuerdo con el contralor, el objetivo de dicha auditoría en esas instituciones es poder verificar que los bienes administrados por dichas instituciones se hizo de manera correcta.
“Si han hecho contratos al margen de la ley o liquidaciones que violen las leyes que regulan la normativa salarial de funcionarios o empleados, la Contraloría evidentemente va a denunciar de nulidad y va a señalar las responsabilidades correspondientes”, aseguró Montenegro.