Mario José Moncada yRicardo Guerrero [email protected]
Nicaragua y República Dominicana depositarán los instrumentos de ratificación del Tratado de Libre Comercio firmado por los Estados Unidos con Centroamérica (DR-Cafta) a más tardar a finales de octubre, en lo que constituye uno de los principales requerimientos jurídicos que cada país firmante del acuerdo debe cumplir para su entrada en enero del 2006.
La ministra de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Azucena Castillo, confirmó que se ha comunicado con las autoridades de la Secretaria de Economía de República Dominicana, para que ambos países depositen en conjunto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) los documentos jurídicos que acreditan que ya ratificaron el DR-Cafta.
República Dominicana y Nicaragua son los dos países que recientemente han ratificado el acuerdo, que anteriormente ya había recibido el sí de los congresos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador. Costa Rica es el único país que queda pendiente de tomar tal decisión.
El director de Negociaciones Comerciales del Mific, Dean García, explicó que para depositar en la OEA la documentación que certifique que Nicaragua ya ratificó el DR-Cafta, primero el Presidente de la República, Enrique Bolaños, debe firmar y mandar a publicar en el diario oficial La Gaceta la ley de ratificación del acuerdo comercial aprobada por la Asamblea Nacional el lunes pasado.
“Pensamos que estos trámites tomarán unas dos semanas, por lo que a finales de octubre estaríamos depositando los instrumentos de ratificación ante la OEA”, dijo en términos optimistas García.
En las próximas semanas se anunciará de manera oficial la fecha de la entrada en vigencia del DR-Cafta, que extraoficialmente se ha dicho será en enero del 2006.
¿RECURSO DE AMPARO?
Los denominados grupos anti-Cafta estudian la posibilidad de introducir un recurso de amparo por considerar que el acuerdo es inconstitucional.
Alba Palacios, diputada de la bancada del Frente Sandinista y firmes opositores al acuerdo comercial, señaló que ella tiene conocimiento que muchas organizaciones civiles que se han opuesto a la aprobación del DR-Cafta, someterán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo por considerar que la aprobación del acuerdo es inconstitucional.
En tanto, Violeta Delgado, de la Coordinadora Civil, dijo que ellos estarían introduciendo un recurso por inconstitucionalidad, sin embargo, desistirán de hacer uso de ese mecanismo porque no existe confianza en las instituciones públicas.
El dirigente estudiantil Jasser Martínez dijo que el movimiento estudiantil está estudiando la posibilidad de introducir ese recurso (amparo) ante la CSJ.