Noelia Sánchez RicarteCORRESPONSAL/[email protected]
Desmoralizados y sin respuesta de las instituciones del Estado nicaragüense. Esa es la percepción que existe entre la población migrante que ha sido rechazada, deportada o expulsada de Costa Rica, estudio que está documentado en una investigación realizada por la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones.
La manera como impactan, en la población migrante nicaragüense, estos procesos y la capacidad de respuesta de instituciones del Estado fueron parte de esa investigación realizada entre los meses de julio a septiembre de este año entre quienes han sido deportados o rechazados y la población que se mueve a su alrededor (comerciantes del puesto fronterizo de Peñas Blancas, por ejemplo).
Álvaro Novoa Gómez, uno de los realizadores de este estudio, comentó que la investigación permitió conocer que entre los migrantes que eran deportados, expulsados o rechazados, había mucho desconocimiento de sus derechos humanos.
Los migrantes consultados coincidieron en que si regresaban documentados a Costa Rica, podían estabilizarse laboralmente y superarse, pues de manera indocumentada la tendencia era que fueran rechazados o deportados.
“Algo que hay que destacar es que no hay presencia institucional en el puesto fronterizo, no hay presupuesto para atender a esta población, hay esfuerzos dispersos, muchas personas lo hacen (ayudan) por humanismo, por solidaridad, pero no hay un esfuerzo conjunto para darle respuesta a esta población”, indicó Novoa.
En esta investigación, según datos aportados por la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, se indica que hasta el mes de junio del 2005 habían ocurrido tres mil 728 deportaciones y rechazos por el puesto fronterizo de San Carlos, mientras que en Peñas Blancas se reportaban mil 106.
