- Corte Suprema ordena la suspensión provisional de jueces involucrados en el robo de 609 mil dólares
- Fiscalía “remienda” el caso y pide anular las acciones del juez Morales
Mirna Velásquez [email protected]
Inesperadamente, la comisión investigadora formada por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió ayer suspender provisionalmente a tres jueces que se vieron involucrados en el robo de 609 mil dólares, que estaban en poder de la Corte porque habían sido incautados al colombiano Luis Ángel González Largo y/o Jorge Eliécer Hernández González.
Los jueces suplentes Julio Morales, Moisés Rodríguez Zelaya y Julissa Carolina Bonilla Martínez, ésta última suplente del Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, son los primeros sancionados por la Corte. También son los nombres de funcionarios judiciales más visibles en la tramitación ilegal de la liberación del dinero.
El juez Morales ordenó a la CSJ la devolución del dinero en respuesta a una resolución emitida por el juez Moisés Rodríguez quien, después de hacer una valoración de la detención de González Largo y su cónyuge Leyla Bucardo, concluyó que fue ilegal, ordenó su libertad y la devolución de los bienes incautados.
La juez Julissa Bonilla Martínez emitió luego un poder generalísimo a nombre de Sergio Meléndez Aguilar, en el que aparecían los dos procesados otorgando facultades a Meléndez para sacar el dinero. El poder resultó ser falso.
La decisión de los magistrados fue tomada a primera hora de la mañana de ayer y ordenaron realizar inspecciones en los protocolos de los notarios involucrados en el caso. Horas antes, la magistrada Alba Luz Ramos, miembro de la comisión, dijo que los involucrados deben rendir un informe sobre su actuación en el caso a más tardar el miércoles próximo.
La comisión investigadora también solicitó a la Fiscalía que remita una certificación de todas las diligencias realizadas alrededor del caso.
La Fiscalía y la Policía Nacional iniciaron las pesquisas esta semana con la recepción de las declaraciones de varios implicados, pero las investigaciones se detuvieron por orden del presidente de la Corte, Manuel Martínez, criticado por no separarse de las investigaciones debido a que su nombre aparece en la lista de involucrados.
La salida ilegal del dinero ocurrió la semana pasada y se originó por un recurso de exhibición personal que, además, permitió la libertad de Leyla Bucardo, cónyuge de González Largo, ambos procesados y condenados por lavado de dinero. El recurso se gestó en el Tribunal de Apelaciones de Masaya, donde los magistrados le dieron trámite.
Es por eso que tanto los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Masaya, como los de la Sala Penal Uno de Managua, deberán enviar a la Corte una certificación de las diligencias que practicaron alrededor del recurso de exhibición.
FISCALÍA ACTÚA TARDE
En un intento por enderezar el proceso, la Fiscalía pidió a la juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, que declare nulas todas las diligencias, actuaciones y decisiones tomadas por su suplente Morales, que permitieron la salida de los 609 mil dólares.
El fiscal auxiliar de Managua, Javier Morazán Chavarría, pidió además que se revoquen las órdenes de libertad de ambos procesados, ordene la captura de Leyla Bucardo y la restitución de los 609 mil dólares.
La Fiscalía finalmente decidió actuar ayer para intentar revertir todo lo sucedido. La fiscal adjunto María Lourdes Bolaños había expresado en la mañana que esta institución no podía intervenir jurídicamente en el caso, dado que no son parte en el asunto, porque todo se originó en un recurso de exhibición personal que no les fue notificado.
JUECES REACCIONAN
LA PRENSA se comunicó telefónicamente con el juez Julio Morales para conocer su opinión sobre la decisión de la Corte Suprema, pero él dijo que desconocía y que hasta la noche de ayer no había sido notificado de ninguna resolución sobre el caso.
Por otro lado el juez Moisés Rodríguez Zelaya valoró de “sana” y “correcta” la medida tomada por los magistrados.
“Yo lo miro lo más sano, lo más correcto, a pesar de que no es ese el trámite que se le debe dar porque hay su procedimiento, porque está bien que se investigue. Por mi parte, encantado, perfecto, yo creo que es lo más sano que ha hecho la Corte”, declaró Rodríguez.
También dijo que se siente confiado de que no le encontrarán ningún vínculo con la “repartición” del dinero.
El contralor Guillermo Argüello Poessy expuso que el caso debe ser investigado por la Contraloría General de la República, pero señaló que en esa posición se encuentra solo, debido a que sus compañeros tienen otros criterios.
Consultado al respecto, el contralor Luis Ángel Montenegro expresó que para investigar el caso tienen una limitante jurídica, porque el dinero estaba bajo resguardo de la CSJ y no había pasado a las arcas del Estado nicaragüense, o sea que no se trataba de un patrimonio de la nación.
SALA CONSTITUCIONAL
El magistrado Dámisis Sirias, quien forma parte de la Sala Constitucional, dijo que la semana próxima se reunirán los magistrados que forman esa sala para valorar si declararán nula la falsa sentencia que utilizaron para sacar el dinero y a Bucardo.
Pese a que hace más de ocho días se hizo público el robo, los magistrados constitucionales no se han pronunciado al respecto ni han anulado la sentencia.
“Hemos estado en un seminario de tiempo completo de dos días, diferentes tareas hemos tenido varios magistrados, pero tengo entendido que el lunes nos vamos a reunir de emergencia”, declaró, tras valorar que el documento adolece de legitimidad.
ESTADO PAGARÍA
El procurador general de la República Alberto Novoa aseguró que según el rumbo que lleva el caso de los 609 mil dólares, el Estado nicaragüense podría terminar pagando ese dinero.
La observación de Novoa se basa en que el Estado, conforme a la ley, es depositario o responsable de ese dinero, aunque se haya encontrado en una cuenta del alto tribunal.
“Si el reo es absuelto, esta persona le puede reclamar al Estado de Nicaragua los 609 mil dólares. Ahora, si es condenada con una sentencia firme, el Estado dejará de percibir esa cantidad, pues conforme la ley, este dinero se deberá repartir entre la Policía, Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y otras”, dijo.
Consideró inapropiada la decisión del Ministerio Público de suspender las pesquisas que había iniciado sobre este caso, y cree que con esa acción, a la Procuraduría se le está negando el derecho, como representante del Estado, de poder participar en las investigaciones. (LA PRENSA/Carlos Martínez)
