- Señalados ya están fuera del país, pero autoridades dicen que pedirán extradición
Lucía Vargas C.CORRESPONSAL/ CARAZO [email protected]
La acusación por tráfico interno de estupefacientes impulsada por el Ministerio Público de Carazo, hace dos años, en contra de los colombianos Guillermo Amaya Ñungo y Jaime Darío Molina León, quedó firme.
Vanesa Cordero, fiscal departamental informó que la resolución fue remitida a Carazo, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no ha lugar al recurso de casación que interpuso la defensa.
La fiscal refirió que los abogados, Javier Eulogio Hernández Salinas y Reina de los Ángeles Sanarrucia alegaban que la prueba dada por el Ministerio Público había sido votada por el juez Víctor Gómez Vanegas, quien fue destituido del cargo y señalado de haber recibido dinero para favorecer a los imputados.
Explicó que el caso iniciará una vez que el expediente vuelva al Juzgado de Distrito de Diriamba. “Sabemos que no están en el país, pero existen procedimientos que la misma ley contempla para que se les notifique”, dijo Cordero, tras señalar que podrían auxiliarse con la extradición y si no comparecen se les puede decretar rebeldía por desacato al judicial que lleve el caso.
El hecho se registró en San Marcos, en la finca El Carmen, propiedad de Ñungo, ubicada en el kilómetro 32 carretera hacia El Crucero, 15 kilómetros al oeste en la comarca El Brasilito, donde éste se había asentado como un fuerte inversionista usando como mampara un proyecto ecológico llamado Refugio Forestal Safari.
