- Suspensión de inmunidad parece venganza porque el Gobierno no asistió al diálogo
Luis Felipe Palacios yLudwin Loáisiga Ló[email protected]
Una aplanadora de diputados sandinistas y liberales despojó ayer de su inmunidad al ministro de Gobernación, Julio Vega y al viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo Horvilleur, por supuestos delitos electorales cometidos en la campaña electoral del 2001.
Vega y Salvo quedan ahora expuestos a ser llamados a declarar por el Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas, quien lleva la causa de los delitos electorales.
A Vega le quitaron el fuero con el voto favorable de 72 diputados —todos sandinistas y liberales—, mientras ocho diputados que pertenecen a la bancada Azul y Blanco y de Camino Cristiano, votaron en contra.
Extrañamente no ejercieron su derecho al voto los legisladores liberales Noel Ramírez, David Castillo, Alfonso Ortega Urbina, Francisco Sacasa y Víctor Miranda. Tampoco lo hizo el diputado Orlando Tardencilla, de la Azul y Blanco.
A Salvo le quitaron su inmunidad con 73 votos a favor, y dos en contra.
Vega no ofreció declaraciones a los medios de comunicación, pero Salvo señaló que acudirá ante las autoridades judiciales cuando lo llamen a declarar.
Agregó que el desafuero responde a intereses políticos y que no manejó las cuentas del PLC durante la campaña electoral del año 2001.
“Yo solamente recibí dinero de la iniciativa privada. Ellos (Poder Judicial) quieren que yo entregue la lista de las personas que nos entregaron dinero y eso solamente que me den permiso los donantes yo lo daría”, dijo Salvo.
Acusó al diputado liberal Wilfredo Navarro, de ser uno de los responsables de los presuntos delitos electorales.
“El señor Wilfredo Navarro, que es el que más habla, es el que hizo todas las firmas y él fue el que firmó ante el Poder Electoral, ellos fueron los que firmaron, yo no tenía por qué firmar”, aseguró Salvo.
El funcionario de Estado alegó que cuenta con las pruebas que demuestran que Navarro y otros encargados de las cuentas del PLC fueron quienes recibieron dinero de instituciones estatales como Iniser, Lotería Nacional, Banco de la Vivienda y la Dirección General de Aduanas.
LA PALABRA DE ORTEGA
A ambos funcionarios los despojaron de su fuero, pese a que el dirigente sandinista Daniel Ortega había ordenado supuestamente al presidente del parlamento, el también sandinista René Núñez, no someter ante el plenario la discusión sobre los desafueros.
Núñez no ofreció explicación al respecto, no obstante, el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, había advertido que los desafueros serían discutidos en “cualquier momento” y que el anuncio de Ortega lo que pretendía era darle “chance” al Gobierno para que se reintegrara al diálogo.
El equipo principal del Gobierno que preside Enrique Bolaños no asistió al diálogo convocado este miércoles por sus opositores sandinistas y liberales, porque el PLC y el FSLN no desconocen las reformas constitucionales que restringen los poderes al Ejecutivo.
El desafuero de los funcionarios públicos ocurre a pesar de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió, en su última resolución sobre el país, a cesar cualquier acción que tienda a agravar la crisis política en Nicaragua.
Bolaños indicó que ayer por la tarde se comunicó con el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien le expresó su molestia y alerta por la escalada que ha tomado la crisis entre poderes del Estado en Nicaragua; también enviará una nueva misión al país.
El Gobierno de Bolaños había anunciado que consideraría un “golpe de Estado” cualquier desafuero.
El ministro de Defensa, Avil Ramírez, explicó que el Presidente analiza todas las posibilidades para solucionar la crisis y que no se descarta nada, pero agregó que el uso de la violencia no está contemplado.
REHÉN DEL PACTO
Sandinistas y liberales desestimaron que el desafuero de Vega y Salvo vaya a provocar mayor crisis política e institucional en el país, porque no han destituido a nadie, sino que están dejando en manos de la justicia —que controlan también sandinistas y liberales— que aclaren la denuncia sobre supuestos delitos electorales.
“He visto a estos funcionarios, durante varios años, defender la justicia transparente en este país, (la misma) que le ha violado los derechos a Arnoldo Alemán —principal dirigente del PLC—, ahora le toca a ellos (a los funcionarios públicos) aclarar su situación”, indicó el jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez.
El diputado conservador Jorge Matamoros señaló que el FSLN y PLC, que son dirigidos por los caudillos Daniel Ortega y Alemán, respectivamente, lo que pretenden es sentar al Ejecutivo en la mesa del diálogo como su rehén.
“Yo estoy seguro que si ayer (miércoles) el Ejecutivo se ha sentado en la mesa del diálogo, las posiciones de los diputados hubiesen sido de otra manera”, agregó.
UN BOOMERANG POLÍTICO
El legislador Augusto Valle, de Azul y Blanco, advirtió que los desafueros pueden convertirse en un boomerang para los partidos del pacto, pero sobre todo al PLC, porque a su juicio se juega su personería jurídica con el caso de los supuestos delitos electorales.
El PLC, según Ramírez, no teme perder su personería jurídica, porque el caso de los delitos electorales se trata de una campaña separada al partido.
Quiñónez dijo que la próxima semana desaforarán a otros funcionarios públicos: Miguel Ángel García, Leonardo Somarriba, Fausto Carcabelos y Arturo Harding.
“Le voy a mandar un mensaje al presidente Bolaños: que duerma bien, que todavía no hay espíritu de desaforarlo a él”, aseguró Quiñónez.
La Asamblea Nacional también creó una comisión especial de desafuero para ver si hay mérito para levantar la inmunidad a la diputada suplente Martha Julio Lugo, directora de Telcor. La comisión la preside la liberal Lilliam Morales Tábora.
LAS RAZONES DE RAMÍREZ
El secretario nacional del PLC, Noel Ramírez, que estuvo presente en el plenario pero no ejerció su derecho al voto, explicó porqué no lo hizo.
«En primer lugar, porque la Asamblea Nacional no se pronuncia sobre el fondo, ni absuelve ni condena, y por el otro lado, como secretario nacional del partido, formo parte del equipo negociador en el diálogo nacional y tengo un mandato de mi partido de estar en ese diálogo sin condiciones previas y donde cualquier cosa pueda estar sujeta a discusión en el diálogo, siempre y cuando se respete la Constitución de Nicaragua», dijo.
Al ser consultado que también existe un mandato de su partido para votar a favor de los desafueros, Ramírez insistió que «también tengo otro mandato específico como miembro del equipo negociador del partido en el diálogo nacional».
