Álvaro Porta Balladares
La decisión de ratificar o no el tratado debe tomarse en función de si presenta o no oportunidades para el país y no en función de conseguir una sentencia o no.
Lo que corresponde a un partido liberal es apoyar la apertura comercial y la iniciativa empresarial.
Por el otro lado, cuando se está dando un auge en el cono sur de grupos de centro izquierda, progresistas, abierto a la modernidad y al cambio, por aquí cerramos filas con viejos modelos, agotados y desprestigiados. ¿Se puede así ser una opción de gobierno? En vez de promover un TLC con Cuba y Venezuela, el ALBA, el FSLN debería buscar la integración económica con sus países vecinos y con sus principales socios comerciales.
Esos dos países juntos no llegan a representar ni el dos por ciento de nuestras exportaciones.
Repentinamente se descubre que el país necesita un paquete de leyes. ¿Acaso esas leyes no eran necesarias hace tres meses? ¿O hace un año? ¿Será que los diputados no se habían enterado que los productores necesitan acceso a financiamiento? ¿Que se necesitan leyes para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pyme), la libre competencia, la colegiación de las carreras profesionales, certificación de la educación terciaria, fortalecer la institucionalidad en los temas laborales y medioambientales? ¿Tuvo que venir el DR-Cafta para que fuera prioridad? ¿Y si no se aprueba el tratado todas estas leyes volverán a dormir “el sueño de los justos”? El DR-Cafta deja ver que los políticos están de espaldas al país, sobre todo de espaldas a la producción.
Cuando el Gobierno anuncia en noviembre del 2002 su voluntad de hacer un proceso de negociación con participación ciudadana se estaba apelando a la creación de una “Comunidad Epistémica”, el concepto lanzado por Peter Hass en 1992: se hace pública la estrategia de negociación, se convoca al Foro de Consulta, se invita incluso con anuncios en el periódico para que ningún ciudadano se sintiera excluido, se va informando mes a mes del proceso de negociación, se invita a que se acompañe a los negociadores en cada ronda —bajo la modalidad de “el cuarto adjunto”—, se abre una sala de lectura en el Mific para que todos los documentos usados fueran de acceso a la ciudadanía y lo más importante, se formaron grupos para construir la posición negociadora de Nicaragua, por tema y por producto.
Es la primera vez en la historia de Nicaragua que se negocia un TLC de esa forma, fueron los productores los que dijeron lo que querían, los que nos dieron los argumentos, los que pusieron los techos y los pisos.
Se logró realmente crear una comunidad de conocimiento para incidir con participación ciudadana en los asuntos públicos. Fue un proceso de convergencia, un proceso de aprendizaje colectivo para buscar el escenario ganar-ganar.
Después llovieron las felicitaciones al equipo negociador, personajes del año, cartas, placas, reconocimientos. Ahora que se hace ya un análisis más académico del proceso de negociación siguen apareciendo elogios “que fue la mejor negociación”, que “Estados Unidos nunca en su historia había dado tantas concesiones en un TLC”, que por primera vez se incluye un capítulo de cooperación, que ahora hay un precedente para los otros países en desarrollo.
Fue un acierto haber consultado, pero el mérito por lo logrado debe ser compartido y en un futuro se hará el reconocimiento debido a las cámaras, asociaciones, pequeños productores, economistas independientes, periodistas, catedráticos, grandes y medianos empresarios que nos dieron las ideas para hacer una excelente negociación, incluso los furibundos “anti” metieron su cuchara, fueron consultados y nos dieron luces, tal vez sin esas pláticas el maíz blanco no se hubiese excluido de la apertura y no se hubiera convertido en el producto que recibió el mejor tratamiento de todos.
¿No es ése un excelente modelo de incidencia en las políticas públicas? ¿Los colegas de la Sociedad Civil lo están estudiando? Algunos al haberse automarginado pueden hoy decir que cumplieron con su obligación de incidir?
Si la mayoría de la población apoya el DR-Cafta (entre 60 y 70 por ciento según las encuestas mensuales de M & R), ¿es correcto abandonar ese clamor y adoptar la posición contraria? ¿Es correcto decir que la población está “desinformada y confundida” y que le toca a ciertos ONG o grupos políticos educarla e informarla?
La principal expresión de la sociedad civil es la opinión pública, la legitimidad o no de la posición de una organización no gubernamental (ONG) o una coalición de ONG está en dependencia de si toma en cuenta o no esa opinión de la mayoría de la población.
El DR-Cafta pone al desnudo todas estas deficiencias, si somos inteligentes, además de aprobarlo, podemos convertirlo en un catalizador para corregirlas y construir una mejor Nicaragua, un mundo mejor. En eso deberíamos estar usando nuestras energías.
El autor fue miembro del equipo negociador de Nicaragua.
