Temor y caos en Matagalpa por tomas de tierras

EL TUMA-LA DALIA-RANCHO GRANDE.- Tener una porción de tierra aquí, parece ser una maldición y no una bendición. Los productores de los municipios El Tuma-La Dalia y Rancho Grande se sienten amenazados de perder sus fincas.

Tienen terror de que los grupos de “plantoneros” u otras personas organizadas en forma de “mafia” se lleguen a tomar sus propiedades.

“Hay, yo diría, un grupo de mafiosos que manipulan las necesidades y les hacen creer falsas expectativas a los plantoneros”, asegura Norman Fajardo, coordinador de los productores de Matagalpa.

El temor de éstos, es compartido por las autoridades municipales y policiales. Las tomas de tierras en esta región del país han sido invariables durante los últimos años.

“Yo diría que La Dalia es un laboratorio del problema de la propiedad en Nicaragua, la situación es sumamente compleja”, sostiene el alcalde de ese municipio, Jaime Aráuz.

AMPAROS POLICIALES

Según un informe de la Policía de La Dalia, en los últimos dos años en esa zona se presentaron no menos de 66 casos relacionados a conflictos de propiedad, que en su mayoría fueron resueltos con desalojos policiales, aplicando lo que las autoridades policiales denominan “el amparito pol”, que es un amparo que puede brindar la Policía a los propietarios que se sientan perturbados en sus derechos reales.

“Este año ha sido el de menor incidencia, las cosas están más calmas”, dice el jefe de la Policía de La Dalia, capitán Omar Martínez Rodríguez, mientras ordena que le lleven los informes policiales de los casos de tomas de propiedad.

Los expedientes de los casos están apilados en un estante frente al escritorio del jefe policial, y cada uno rotulado con los nombres de las fincas de la zona: la San Martín, La Zopilota, San José de Waspatan, La Rebusca, Santa Mónica, La Siempre Viva, El Tucán, San José, San Miguel.

Cada expediente contiene una denuncia, la fecha, el número de manzanas de la propiedad, la ubicación en la zona, las acciones policiales que se realizaron, el número de personas que la tomaron, la organización a la que pertenecen éstos, la filiación política de los dirigentes y la organización que controla las tomas.

Los documentos policiales abarcan cuatro años, hasta el 2004. El período registrado es uno de los más conflictivos con relación al problema de la propiedad en la zona.

Allí, en esos expedientes, se ven las siglas de la Resistencia Nicaragüense, del Frente Sandinista, de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y los nombres de otros campesinos que aparentemente no tienen una procedencia política definida, pero que impulsados unas veces por necesidades reales y otras por manipulación, se han tomado tierras.

“El problema de las tomas de tierras y de los campesinos sin tierras en El Tuma-La Dalia, es serio. No estamos de acuerdo con que masacren a la gente. Sabemos que es un gran problema, pero quien tiene que resolverlo es el Gobierno”, dice el alcalde de La Dalia.

“Si una propiedad no se sabe con exactitud de quién es, genera problemas. Más que el problema de los impuestos, los problemas de propiedad generan problemas en relación a la producción, hay menos inversión, menos empleo”, agrega Aráuz.

JUZGADO LLENO

Sólo en el Juzgado Local Único de El Tuma-La Dalia existen unos 80 casos relacionados a conflictos de propiedad, que “todavía están sin resolver”, dice el juez suplente de ese recinto judicial, Ramón López. De las tomas y de los acuerdos de Las Tunas, se ha pasado a la parte judicial.

“Los principales actores, al menos este año, han sido los llamados ‘plantoneros’, que son los beneficiarios de los acuerdos de Las Tunas”, asegura el juez.

Según López, éstos tienen conflictos “entre ellos mismos”, además de que “ante la insuficiencia del Gobierno para darles respuestas, como habían planteado en los acuerdos, ellos han tomado su propia iniciativa de tomarse terrenos, alegando que son propiedad del Estado o que están en manos del Banco Central (de Nicaragua) y casos similares».

Las partes interesadas, refirió López, “han estado buscando figuras como el aseguramiento de bienes litigiosos (…) y luego demandan con una acción de reivindicación o un amparo en la posesión y, entonces, como en la medida prejudicial de aseguramiento de bienes litigiosos simplemente basta la solicitud ante el judicial y que haya motivo fundado, sin necesidad de que tengamos a la vista los títulos, a veces se asegura (el bien en litigio)”.

“Pero cuando ya nos damos cuenta, al fin y al cabo, existe ese problema: que son conflictos en que meramente es una respuesta estatal la que se necesita y no una respuesta judicial”.

CAPEANDO DEUDAS

Tanto Fajardo como el alcalde de La Dalia y el representante legal de la Comunidad Indígena de Matagalpa, Reynaldo Manzanares, al menos de una de las representaciones que existen en Matagalpa, coinciden en un planteamiento: “Hay productores que han promovido la invasión de sus tierras y han pedido a la Comunidad Indígena que les otorgue un título, para ‘capear el bulto’ con sus obligaciones frente a los bancos”.

“Hay algunos productores que han sido bandidos, sinvergüenzas, eso no lo vamos a ocultar. Como le deben a los bancos, van y le piden a la Comunidad Indígena que les dé un título nuevo, para decirle a los bancos que esa es otra propiedad, cuando saben que es la misma que puede estar hipotecada”, sostiene Fajardo.

“Hay un sinnúmero de productores en la zona de El Tuma-La Dalia que están siendo ejecutados por los bancos. Hay una imposibilidad económica de estos productores para responder a los bancos. Ellos, cuando adquirieron sus compromisos financieros, lógicamente tenían sus escrituras en cuentas ordinarias, cuando ellos se percatan de que el Sistema Financiero les va a quitar su propiedad, visitaron en aquel momento a la anterior junta directiva de la Comunidad Indígena en la búsqueda de una protección. ¿Por qué? Porque las tierras de las Comunidades Indígenas son imprescriptibles, son inembargables, gozan de un fuero especial ante las leyes ordinarias; entonces la junta directiva de aquel entonces les otorgó una escritura de uso y goce a favor de ese productor y hoy ese productor tiene dos escrituras, una con la cuenta ordinaria y otra con la cuenta especial de la Comunidad Indígena, y el sentido único es la protección frente al Sistema Financiero”, asegura Manzanares.

“En momentos determinados, como dueña de las tierras, vamos a tener que entrar como terceros opositores en los juicios contra los productores, oponiéndonos a que un banco determinado subaste una propiedad que en el fondo pertenece a la Comunidad Indígena”, agregó el representante legal de la Comunidad Indígena de Matagalpa.

COMUNIDAD INDÍGENA LOS SALVA

“Eso no significa que el productor no va a pagar lo que debe. Nooo, no es así. Va a pagar lo justo. Ahorita hay un productor, no te voy a dar el nombre, pero el caso es que el banco le prestó 45 mil dólares y hoy en día el banco lo está ejecutando por 286 mil dólares. Él vino aquí a buscar protección de la Comunidad Indígena, y la comunidad lo va a proteger, pero se le ha dicho que debe pagar al menos el principal y los intereses ordinarios”.

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