- Por error de una institución estatal, el Gobierno mandó a 30 familias sin tierra a ocupar una finca cafetalera privada. Eso ocurrió hace más de un año y las autoridades no han resuelto el problema, ocasionando grandes pérdidas al propietario de la plantación, que no ha podido sacar a los campesinos precaristas
Jorge Loáisiga Mayorga y Luis Eduardo Martí[email protected]
El 17 de junio del año pasado, una pequeña caravana de camiones con 30 familias a bordo salía de Las Tunas, en la Carretera Panamericana, entre Darío y Sébaco, hacia la finca San Antonio, una propiedad que el Gobierno le había asignado a las 30 familias campesinas.
La propiedad está situada en la comarca Bijagüe Norte, jurisdicción del municipio Rancho Grande, 75 kilómetros al norte de Matagalpa y a 205 kilómetros de Managua, tiene 100 manzanas de extensión y 80 manzanas son cafetales.
Los campesinos llegaron a las seis de la tarde. “Nos mandó el Gobierno y nosotros no sabíamos adonde veníamos”, recuerda el campesino Máximo Duarte, uno de los beneficiarios de aquella acción administrativa del Estado para resolver el problema de los campesinos sin tierras.
Duarte y su familia eran parte de las dos mil familias que reclamaban tierras en el norte del país y que el Gobierno tuvo que entregarles algunas fincas que, según datos presentados por los dirigentes de la protesta, pertenecían al Estado.
LA MITAD SE HA IDO
Pero la propiedad que el Estado entregó a esas 30 familias no pertenecía al Estado y fue así que la ocupación de tierras vino de donde menos lo esperarían los productores: del Gobierno.
La ilegal ocupación ocasionó el inevitable conflicto con los trabajadores del dueño de la finca, Francisco Ernesto Zeledón Jarquín, por lo que, según Duarte, de las 30 familias que fueron enviadas por el Gobierno, sólo han quedado 17 y las demás “se fueron por la cuestión de los molotes que había”.
Pese al conflicto, los campesinos lograron una buena cosecha el año pasado, “unos 1,800 quintales” de café que comercializaron, pero Duarte no sabe precisar el monto por el que vendieron la cosecha, ni a qué acopiadora. Dice que “nosotros de ese dinero nos hemos estado manteniendo hasta ahora”.
El hijo de Zeledón, Ronald Zeledón Rodríguez, dice que la ocupación les costó por lo menos un millón de córdobas, que es el valor de unos 20 mil quintales de café pergamino.
“Lo más triste de esta historia fue que el Gobierno los trajo. Los instaló en nuestra finca y hasta les habían prometido títulos. Nosotros hemos demostrado con papeles en regla que la finca es nuestra. Ya hicimos un arreglo con el Banco Central, porque teníamos una deuda con el Banco Sur, pero ya estamos en arreglo”, explica.
Según documentos que presenta Zeledón, el Gobierno se comprometió a sacar de su finca a los ocupantes.
Explica que han habido conflictos con los ocupantes de la finca, “pero dichosamente las cosas no han pasado a más”.
Wilfredo Valverde Rizo, otro de los beneficiarios de los Acuerdos de Las Tunas que están en San Antonio, dice que las utilidades de la cosecha cafetalera del año pasado fueron destinadas a “un fondo común”, porque la finca la “trabajamos en colectivo”.
Duarte lo interrumpe y expresa: “Se ha hecho (así, lo del fondo común) por el compromiso de que si agarramos la ‘tajada’ (parte) cada quien, tal vez unos se irían a recostar sobre el otro que trabajaba, entonces se hizo así”.
Valverde nuevamente toma la palabra para explicar que “la verdad es que hemos mantenido un fondo para estarnos manteniéndonos este tiempo, porque por lo menos ahorita, por ejemplo, de dónde vamos a agarrar dinero nosotros para estar manteniéndonos aquí en el lugar”.
Silvia Palacios Castellón es otra de las beneficiarias de los Acuerdos de Las Tunas y dice que para evitar conflictos más graves con los trabajadores de Francisco Zeledón, acordaron una tregua y las familias beneficiadas esperarán nuevas respuestas de parte del Gobierno.
De este acuerdo, Wilfredo Valverde señala que “estamos dispuestos con lo que haga el Gobierno, porque él nos puso aquí y es quien debe decidir lo que va a hacer con nosotros… Lo que él (Gobierno) proponga, lo importante es que mientras no nos entregue nada concreto, nosotros no nos movemos de aquí. Lo que estamos esperando es una respuesta del Gobierno”.
ERROR DEL BANCO CENTRAL
Mauricio Alas, de la Intendencia de la Propiedad, reconoció a LA PRENSA que fue un error haber entregado la finca San Antonio, pero dijo que el mismo se debió a que la Comisión Liquidadora de Carteras (CLC) del Banco Central, entregó una lista de propiedades que supuestamente podían ser entregadas a la gente de los Acuerdos de Las Tunas y posteriormente les pasaron cartas eliminando algunas de las fincas del listado, entre ellas San Antonio, pero la misma ya había sido entregada.
Alas también dijo que la finca no le ha sido restituida al dueño original, pese a que para el día 30 de agosto estaba previsto que se la devolvieran. “Las cosas siguen iguales y será hasta la próxima semana que se verá qué se va a hacer con ese caso. Se incumplió con el acuerdo de que se iba a entregar el 30 de agosto. La gente sigue allí, en la finca, y vamos a reunirnos la próxima semana”, indicó Alas.
