María José Uriarte ySergio Leó[email protected]
MANAGUA Y BLUEFIELDS.- El magistrado del Poder Electoral, el liberal René Herrera, se mostró ayer reacio a que el parlamento apruebe reformas a la Ley Electoral, tal como demandan distintas organizaciones cívicas.
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Nicaragua a pagar una indemnización de casi cien mil dólares a la organización Yatama, porque el Poder Electoral le excluyó de los comicios regionales del 2000.
El fallo judicial también mandata reformas a la Ley Electoral, que también son demandadas por organizaciones cívicas en Nicaragua.
Herrera, en cambio, dijo que primero hay que ver cuál es el ánimo en la Asamblea Nacional para discutir ese tema, ya que el caso de esa organización política regional, sólo se ha reflejado en los medios de comunicación y “no en los ámbitos propios de la agenda legislativa, o de la agenda política”, por lo que debe esperarse a que concluya el receso legislativo.
El magistrado Herrera añadió que no es del criterio de que se aprueben modificaciones a la Ley Electoral, previo a un proceso de elección de autoridades, ya sean municipales, gobiernos regionales o nacionales, sino que se deben realizar inmediatamente después de los procesos.
A su juicio, la idea es no cambiar “las reglas del juego, justo cuando ya vas a ir a una competencia electoral”.
No obstante, reiteró que es una decisión que no le compete al CSE, sino a la Asamblea Nacional, y si ellos consideran que hay tiempo y voluntad política de hacerlo, tienen que acatar lo que ahí resuelvan.
DEMANDAN REFORMAS
Rhina Cardenal, del Movimiento por Nicaragua, expresó que la sentencia emitida por la CIDH, en el caso de Yatama, debe brindar la pauta para demandar a la Asamblea Nacional, reformas a la Ley Electoral.
Cardenal insiste en la urgencia de solicitar observación electoral en Nicaragua, no sólo de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino de toda la comunidad internacional, tanto para las comicios regionales como los nacionales del 2006, ya que señala que van a ser más importantes para el país que las mismas elecciones de 1990, cuando la Unión Nacional Opositora (UNO) obtuvo la victoria.
“Porque nos estamos jugando el sistema democrático que libremente escogió el pueblo de Nicaragua, y que ha sido secuestrado por los poderes del pacto, Ortega-Alemán”, advirtió Cardenal.
El Gobierno de Nicaragua aceptó dar cumplimiento a la resolución de la CIDH, que implica el pago de unos 100 mil dólares a Yatama, por lo que podrían presentar una iniciativa de reformas a la Ley Electoral, que es otro de los puntos de la sentencia, ante la Asamblea Nacional.
SIN ELEGIR PRESIDENTE
Por otro lado, el magistrado Herrera afirmó que en lo que resta de agosto no se vislumbra la posibilidad de elegir al magistrado presidente de ese Poder del Estado, al no contar con el consenso, por lo que todavía hay tiempo para organizar el proceso electoral en la Costa Caribe Nicaragüense.
Por su lado, Francisco Campbell, diputado sandinista al Parlamento Centroamericano, dijo en Bluefields que el Estado de Nicaragua está en la obligación de cumplir con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sancionó al Estado nacional por violentar los derechos humanos de la organización indígena Yatama, durante las elecciones del año 2000, cuando no los permitieron participar de las contiendas municipales.
CUMPLIR A YATAMA
“El Estado tiene que cumplir con la resolución (de la CIDH), pero eso no tiene que ser este mes, o este año, se tienen que hacer las modificaciones cuando el Estado estime que el momento es adecuado y así ir cumpliendo con la resolución”, explicó Francisco Campbell, diputado al Parlacen por el FSLN, en la Costa Atlántica.
