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Fiscalía acusa por avioneta de narcos
José Adán Silva
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La Fiscalía acusó ayer en los Juzgados de Managua, a cuatro personas supuestamente vinculadas a una avioneta enterrada al final de una pista clandestina de aterrizaje y que según pruebas policiales transportó cocaína.
El fiscal auxiliar Javier Morazán, se presentó ayer a la Oficina de Distribución de Causas de los Juzgados de Managua, a acusar a tres nicaragüenses y un mexicano, por los delitos de financiamiento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Los acusados son el mexicano Samuel Gutiérrez Lozano y los nicaragüenses Freddy Luis Arango Cruz, Fernando Joaquín Tapia Vanegas y Juan José Aguilar Mojica. Para todos ellos se solicitó ayer la orden de captura y prisión preventiva.
A ellos se les acusa de haber organizado la construcción de una pista de aterrizaje clandestina en una comunidad rural 40 kilómetros al oeste de Managua, para el aterrizaje de una avioneta que transportaría centenares de kilos de cocaína desde Colombia.
La avioneta, colores blanco, rojo y verde, marca 10 Supreme Commander, fue enterrada entre el 9 y 10 de julio en un hoyo excavado al final de la pista de aterrizaje, el que los acusados, supuestamente, construyeron para ocultar la nave en caso de emergencia.
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Morazán, la cual se basa en las investigaciones policiales, los cuatro acusados más otras personas no identificadas hasta el momento, se desplazaban por todo el territorio del país en busca de propiedades y equipos.
GASTABAN MILES
“En conjunto, y de común acuerdo, se desplazaron en el territorio invirtiendo dinero, costeando gastos, comprando bienes muebles e inmuebles y servicios, desarrollando infraestructura (pistas y caminos)”, dice parte del informe policial que detalla que la operación fue planificada desde mayo de este año.
De acuerdo con la descripción policial, Freddy Arango y el mexicano Samuel Gutiérrez se presentaron a finales de mayo a la propiedad del señor Mauricio Martínez Potosme, propietario de la empresa Aeromar Sociedad Anónima.
Ahí le compraron a Martínez Potosme una retro-excavadora amarilla marca John Deere, modelo 710C turbo, por el precio de 24 mil dólares.
El dinero se pagó en dos tantos y con la máquina se hizo el hoyo donde se ocultó la avioneta.
Antes, los acusados habían comprado una Toyota Land Cruiser y buscado varias propiedades, incluyendo la finca El Pipián, de 100 manzanas, que compraron a finales de junio al señor Leopoldo Torres por la cantidad de 32 mil dólares, de los cuales habían entregado 15 mil.
Meses antes, en febrero, los acusados habían contactado al señor Guillermo Solórzano Pérez, para comprarle su finca ubicada en Las Maderas, al norte del municipio de Tipitapa, en Managua.
A él le pagaron 70 mil dólares en efectivo de adelanto, por su finca de 1,269 manzanas, la cual acordaron transar por 430 mil dólares, que se pagarían en seis cuotas de 40 mil dólares. En dicha finca los acusados ya habían construido una pista de aterrizaje de 1,500 metros de largo.
Luego de contratar a una empresa de servicios de construcción, los acusados, según el informe de la Fiscalía, construyeron una pista de mil metros de largo por siete de ancho, entre el 25 de junio y el tres de julio, en la finca El Pipián, de Villa El Carmen.
En esa pista aterrizó, entre el 9 y 10 de julio, la avioneta con matrícula panameña, pero vendida a Colombia según el rastreo que hizo la Interpol. Luego la nave fue destruida y enterrada.
Los peritajes policiales reflejados en la acusación de la Fiscalía, indican que a la nave se le practicaron tres muestras de prueba de campo con la técnica Ioscan, y en todas dio positivo en cuanto a la presencia de rastros de cocaína.
En la acusación, la Fiscalía presentó una lista de 31 testigos, incluyendo a Robert Michael Turner, agente especial de la DEA.